“Los de SOL.bo están buscando pretextos para expulsarme, porque no pienso renunciar a la organización. Pedí debatir en la organización mis denuncias e incluso las amenazas de procesos que me hizo el asambleísta Edwin Herrera”, manifestó Chacón, reportó Urgente.bo.

A ello atribuyó la acción que impulsa el concejal de SOL.bo Isaac Fernández para que la agrupación ciudadana, que es aliada del expresidente y candidato de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos de Mesa, le inicie un proceso interno por “inconducta política” por supuestamente haberse pasado al MAS-IPSP.

Ese criterio surgió luego de que el 8 de mayo, Chacón habría apoyado la postura de la bancada opositora (MAS-IPSP) de que el alcalde Luis Revilla sea remitido a la Comisión de Ética por incumplir las recomendaciones de la Contraloría General del Estado sobre un caso de auditoría ambiental que realizó respecto a la contaminación atmosférica en la ciudad de La Paz.

No obstante, antes, a inicios de abril, el asambleísta de SOL.bo y actual vocero de CC, Edwin Herrera, solicitó a “la conducción política de SOL.bo que le pidan explicaciones” a Chacón por revelar los presuntos favorecimientos del municipio al empresario Edwin Saavedra Toledo para la ejecución del proyecto del World Trade Center (WTC) en la Curva de Holguín.

El hecho que observó Chacón es el “incremento irregular” de 26.000 a 47.710 metros cuadrados de reconocimiento en la propiedad del empresario Saavedra.

El terreno fue el centro de un convenio entre la Alcaldía y el empresario para la construcción del complejo inmobiliario World Trade Center. El documento fue anulado por el alcalde Luis Revilla luego de que Chacón desveló una serie de cuestionamientos a la forma de su trámite en el Concejo, la extensión de su superficie y que la apoderada legal de Saavedra era la abogada Maricruz Medrano Strelli, esposa del concejal de SOL.bo Fabián Siñani.

Por estos hechos, Chacón decidió alejarse de la Comisión de Ética y presentar una denuncia en contra de su correligionario Siñani, quien a la fecha guarda detención domiciliaria por un proceso abierto en el Ministerio Público por un presunto favorecimiento a la empresa Tersa, cuya apoderada legal también era su esposa.