Vistas así las cosas, se podría decir que el MAS ha cometido un nuevo error al acusar a Mesa, esta vez, nada menos que de tener nexos con el narcopolicía Gonzalo Medina por el sólo hecho de que su padre, José Mesa, le vendió un departamento hace 10 años al citado oficial.

El primer error político lo cometió el MAS a mediados del año pasado, cuando trató de traspasar a Mesa la responsabilidad por la desastrosa defensa en el caso Quiborax, que obligó al gobierno a pagar 42,6 millones de dólares a la firma chilena por la reversión de la concesión minera que se hizo en el gobierno de Mesa. El expresidente, que había dubitado durante mucho tiempo sobre su candidatura, terminó por decidirse cuando fue acusado frontalmente.

Luego, el MAS trató de involucrar a Mesa con el caso Java Jato porque, según el informe Castillo de Arena de Brasil, alguien con las iniciales CM recibió coimas por la construcción de la carretera Roboré-El Carmen, El Carmen-Arroyo Concepción. En esa ocasión, la comisión legislativa que investigó el caso expuso los extractos financieros de Carlos Mesa, luego de que éste levantara su secreto bancario y calificó a algunos como inusuales. Pese a toda la trama armada en la comisión, Mesa fue excluido del informe conclusivo de la Asamblea Legislativa.

Pero la lista de acusaciones no terminó ahí. En medio del sismo provocado por el caso de los narcopolicías, la diputada Rivero informó que Mesa había recibido un depósito de 30.000 dólares del excoronel Medina, por lo que preguntó si ese dinero provenía del narcotráfico, pues Medina está encarcelado por su relación con el narco Pedro Montenegro.

La Fiscalía, que responde abiertamente al Gobierno, de inmediato convocó a declarar a Mesa por ese depósito, pero no en el marco del caso de los narcopolicías, sino en el caso Lava Jato. Es decir, mezcló dos expedientes que nada tienen que ver entre sí para llevar a Mesa al Ministerio Público.

El candidato presentó un memorial rechazando la competencia de la Fiscalía con el argumento de que, siendo un expresidente, tendría que ser sometido a un juicio político en el Legislativo. La fiscal Makerlin Zambrana, que luego se supo   que fue funcionaria del Ministerio de la Presidencia, no se dio por vencida y anunció la apertura de un caso por enriquecimiento ilícito sin acusar concretamente a nadie, pero con el objetivo de investigar 15 movimientos bancarios de Mesa que el MAS y la Fiscalía consideran sospechosos.

Cuando el Gobierno vio que la intención de ligar a Mesa con un narcopolicía se caía por su propio peso o, peor aún, involucraba al propio Gobierno, que en 10 años no se habría dado cuenta que Medina era un narco, dio un giro en la acusación para señalar al padre de Mesa por evasión de impuestos, puesto que habría declarado un monto diferente al del costo real del departamento, una costumbre que existía en el país hasta hace pocos años.

Al respecto, dos consideraciones. Uno, el padre de Mesa está muerto y, por tanto, el MAS quiere traspasar esa responsabilidad a los hijos, entre ellos a Carlos Mesa. Dos, los impuestos, por costumbre tributaria, los paga el comprador, aunque puede que exista un acuerdo para compartir el gasto. Mesa rechazó la acusación de evasión impositiva y contraatacó diciendo que el narcotráfico penetró al gobierno de Morales, con lo que se instaló una guerra electoral.

Es probable que ésta no sea la última acusación en contra de Mesa, el candidato opositor mejor posicionado en las encuestas, lo que anticipa una campaña electoral basada en la guerra sucia y no necesariamente en las propuestas.