Las censuras son determinaciones que adopta el Concejo Municipal, en el marco de su competencia de fiscalización, para provocar en el Ejecutivo un golpe de timón en rubros específicos de la administración municipal. Generalmente derivan de falencias conocidas a través de denuncias o por investigación de los concejales. 

La censura llega después de una interpelación y debe ser aprobada por dos tercios del total del pleno, según la Ley Municipal Autonómica. De acuerdo con la gravedad del caso, implica desde un cambio de política hasta la destitución de secretarios, directores u otro personal de la Alcaldía.

Arciénega asegura haber atendido las observaciones de los fiscalizadores, así como las denuncias de falta de transparencia, y haber instruido la apertura de procesos administrativos. “He mandado a proceso a más de 100 funcionarios de la Alcaldía que tendrían supuestos hechos de complicidad en el tema de adjudicación de obras a algunas empresas. He mandado a la Fiscalía a gente que estaría vinculada con estos temas que estarían reñidos con la norma”, aseveró. 

El opositor Pablo Arízaga, que fue uno de los concejales, no el único, que hizo seguimiento a algunos proyectos y servicios observados a la gestión de Arciénega, aseguró que las censuras sí  tuvieron eco. “Un producto claro ha sido el caso de los secretarios (de área). La gestión pasada el tema del desayuno escolar acabó en la remoción de la Secretaria del área y así sucesivamente han habido varios cambios que se han ido manifestando a raíz de las censuras”. 

A decir del concejal Santiago Vargas (MAS), el oficialismo recomienda anualmente al Alcalde que evalúe a su personal jerárquico para decidir su su ratificación o destitución. “Siempre deseándole que coordinemos y que hablemos un solo idioma como Gobierno municipal y sobretodo como partido”, recomendó.

Las interpelaciones al burgomaestre no eran recurrentes cuando la directiva del ente deliberante estaba controlada por el MAS, ahora que pasó a la oposición la situación cambió. En los últimos meses, Arciénega y sus secretarios tuvieron que dividir su tiempo entre los informes al Concejo y su trabajo. Las observaciones de los ediles no sólo tuvieron que ver con las demoras en las obras, la baja calidad de los servicios o la falta de cancelación de planillas, sino también con denuncias de supuestos hechos de corrupción. 

Arcienega comprometió que hacia adelante trabajará en conjunto con el Ejecutivo, Legislativo y la población, para evitar que se susciten hechos contrarios a la normativa.

Las nueve censuras entre 2017 y 2019

1. Por falta de previsión en la contratación y distribución del desayuno escolar, gestión 2017. El Ejecutivo comprometió realizar una planificación anticipada para garantizar la dotación desde el primer día de clases. Sustituyó a un secretario. (2017)

2. Por la demora en los proyectos ISSA Concretec a causa del incumplimiento de la intervención de Elapas, Cessa y YPFB. Se suscribieron actas mediante las cuales estas empresas comprometieron no entorpecer el cronograma y objetivos de los proyectos. (2017)

3. Por falta de asistencia y patrocinio legal del abogado de la oficina del Adulto Mayor a las audiencias fijadas. El Ejecutivo procedió a sancionar al personal con llamadas de atención. (2017)

4. Por el retraso en la elaboración de manuales para el funcionamiento del programa de Asistencia Social a la Familia y sus Dependencias. El Ejecutivo procedió a elaborar el manual que luego fue aprobado mediante decreto. (2018)

5. Por la falta de participación de juntas vecinales del Distrito 3 en el Plan Operativo Anual. La Alcaldía respondió con la ampliación de un alcantarillado y la construcción de tanques de agua que lograron satisfacer las demandas de 38 juntas vecinales. (2018)

6. Por varias faltas, entre ellas, claridad en el proceso de licitación del Centro Automático de Despacho Integral (CADI). El Ejecutivo se adhirió a la denuncia presentada ante el Ministerio Público por el presidente de FEDJUVE, José Aceituno, contra un ex Secretario General y otros seis funcionarios. (2018)

7. Por falta de designación de personal adecuado que conforme un equipo multidisciplinario para el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) y la Casa Municipal de Acogida. El Ejecutivo remitió los contratos del personal y responsabilizó a la titular del SLIM, a quien destituyó tras un proceso disciplinario. (2018)

8. Por la distribución irregular del suplemento alimenticio “Carmelo” para personas de la tercera edad. Se abrieron procesos administrativos y llamadas de atención contra varios funcionarios y la destitución del director de la Unidad de Contrataciones. (2018)

9. Por el retraso en la firma de contratos y la inadecuada distribución del desayuno escolar. Recientemente el Secretario de Salud, Educación y Deporte fue sustituido junto con otros altos funcionarios, aunque no se confirmó si el cambio respondió a la reciente censura del Concejo. (2019)