El episodio más reciente de disputa política en el país, que ha concitado el interés de medios de comunicación y redes sociales digitales, no es precisamente un hecho electoral o programático, sino el intercambio verbal acerca de una posible evasión de impuestos. En efecto. La querella electoral de las últimas dos semanas gira en torno a las diferentes versiones y silencios acerca de la venta de un departamento, hace una década, de la familia del hoy candidato presidencial Carlos Mesa. Es en serio.

La sucesión gruesa de hechos conocidos es como sigue. La diputada oficialista Susana Rivera revela que el señor Mesa recibió $us 30.000 en su cuenta bancaria por mano de un policía hoy procesado por narcotráfico. En respuesta, tanto Mesa como sus dos abogados dan sucesivas versiones, parciales, acerca de la transacción. En medio surgen insinuaciones de lavado de dinero. Y hay interesada confusión con el caso Lava Jato. Al final del camino está en mesa una irregularidad en el pago de impuestos.

Varias cosas son lamentables en este episodio, cuyo origen es comercial. Una es que en lugar de zanjarse rápidamente con una declaración clara y definitiva de Carlos Mesa, se prolongó con apego a medias verdades y, a la postre, silencios. Otra es que, por su connotación, el asunto devino en disputa política y, rápidamente, en evento de campaña electoral. Es crítico también que se justifiquen faltas a título de “todos lo hacen”. Y por supuesto resulta deplorable la extensión del hecho a la familia.

Más allá del cauce que tome este asunto, sea en los juzgados, sea en la oficina de impuestos, sea puertas adentro, queda como evidencia de que la querella electoral puede degradarse sin límites. Es mala señal para los comicios y, por supuesto, para la deliberación pública. Puede asumirse también como preludio de lo que nos espera en los siguientes cinco meses de campaña, empezando por la vulneración de la legislación con la difusión de spots fuera de plazo y el uso de bienes y recursos públicos.

¿Cómo transformar, si acaso fuese posible, la querella electoral en debate programático? Parece que la iniciativa no la tomarán precisamente los partidos políticos ni los candidatos, más ensimismados en sus estrategias e intereses que en el espacio público. Como sea, habrá que esperar al menos que la lógica del “vale todo” se encamine, desde el 27 de mayo, hacia una competencia político-electoral con reglas claras y límites mínimos. Es una condición para la participación informada en democracia.