“Lo que debemos dejar claramente establecido es que nadie quiere vetar la candidatura de De Mesa, absolutamente nadie, todo lo contrario, es un ciudadano que está en su derecho legítimo de ser candidato por la fuerza política que lo sostiene”, afirmó. 

La autoridad enfatizó que “nadie quiere tocar un milímetro” del proyecto electoral del exmandatario y que “lo que pasa es que (De Mesa) está un poco nervioso por la denuncia que ha existido respecto a la danza de cifras sobre la venta de un departamento”. 

El 30 de abril, la diputada del MAS-IPSP Susana Rivero reveló que el 16 de junio de 2009 el excoronel Medina, investigado por sus vínculos con el presunto narcotraficante Pedro Montenegro, depositó 30 mil dólares en la cuesta bancaria del expresidente. 

Ese mismo día, De Mesa dijo que el depósito fue por un departamento, sin embargo, luego, el 1 de mayo, mencionó que recién se enteró de que el depósito lo hizo el expolicía. 

A ello se sumó que su abogado Carlos Alarcón indicó, el 3 de mayo, que la venta del inmueble, ubicado en el piso 7 del edificio Brasilia, sobre la avenida 6 de Agosto esquina Juan José Pérez, en la ciudad de La Paz, fue por 55 mil dólares, pero que en la escritura se anotó el valor catastral que era de 19 mil dólares. 

No obstante, el ministro de Comunicación, Manuel Canelas, advirtió, por su cuenta de Twitter, que el valor declarado fue menor al real: 28.800 dólares. 

Ante las acusaciones, Alarcón sostuvo que se busca inhabilitar a De Mesa, candidato presidencial por la alianza Comunidad Ciudadana. 

En tanto, el presidente Evo Morales señaló que la familia del exmandatario evadió el pago de impuestos, basado en que Alarcón dijo que si hubiera una deuda los herederos la honrarían. 

En medio de todo, el Ministro de la Presidencia indicó ayer que “el pueblo boliviano exige un esclarecimiento respecto al valor real de la venta del departamento: ¿quién compró el departamento?, ¿en cuánto?, ¿cuántos metros de superficie tiene?, ¿cuánto se pagó de impuestos?”. 

Expresó además que la denuncia en contra de la exautoridad deberá resolverse en el ámbito “jurisdiccional que corresponda: si es evasión de impuestos, en el ámbito impositivo; y si es lavado de dinero, corresponderá a la UIF (Unidad de Investigaciones Financieras)”.