La ruta estaba proyectada para unir zonas fértiles de Beni y Cochabamba, pero para los lugareños era algo mucho más que eso: las obras facilitarían la expansión de las zonas dedicadas a la coca y promocionarían la cocaína. El fenómeno tiene raíces más profundas, que tocan el desempleo, la educación y la falta de oportunidades para vastos segmentos de la población boliviana.

Los trabajos emprendidos por el gobierno, apoyados por colonos llegados al lugar, derivaron en una violenta represión de la fuerza policial en los claros de Chaparina, cerca de San Borja, cuando una marcha de cientos de pobladores del lugar se encaminaba hacia La Paz para exigir la suspensión de las obras de una carretera que partiría por la mitad el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure o al menos el desvío del trayecto para apartarlo de la zona. Una marcha similar había llevado a la creación del Tipnis como parque nacional y área protegida.

De repente, cuando en el lugar acampaban mujeres y niños, fueron emboscados y atacados por la policía. Hubo decenas de heridos, golpeados e intoxicados con gas lacrimógeno, mientras otras decenas huyeron hacia la selva. La fecha quedó marcada en la memoria de los pueblos indígenas: 25 de septiembre de 2011.

Imágenes del ataque y de pobladores golpeados, amordazados y esposados, recorrieron el mundo y la percepción que había respecto al gobierno empezó a cambiar. Los trabajos fueron parcialmente suspendidos pero para los pobladores quedó claro que el lugar, una de las zonas más fértiles de Bolivia, nunca más gozaría de la seguridad que tuvieron los pobladores de antaño, ni el gobierno podría proclamarse defensor de la madre tierra y sus habitantes originarios sin que las imágenes de la represión en Chaparina lo interpelasen.

Chaparina fue un divisor de aguas en la relación gobierno-pueblos indígenas. Todavía más. Para muchos fue un campanazo de alarma sobre el avance agresivo de las áreas destinadas a la hoja de coca y el peligro que representaba para zonas fértiles en el despoblado centro y nororiente boliviano.

A fines del año pasado, organizaciones del Tipnis denunciaron, en una reunión en la ciudad alemana de Bonn, que los derechos de la Madre Tierra eran todavía transgredidos por el gobierno, apoyados en la anulación de normas que protegían el lugar y que permitían obras sin estudios sobre el impacto que tendrían sobre el ambiente.

Un grupo especial vino a Bolivia en agosto para ver en el lugar las denuncias que habían presentado delegados del Tipnis. El informe del grupo fue básico para la sentencia emitida por el tribunal, cuya lectura tendrá lugar este jueves.

Conclusiones resumidas del informe han sido divulgadas mundialmente. Los miembros del tribunal sostienen que hay una “evidencia suficiente” de deforestación en el llamado Polígono Siete, el área del Tipnis donde se concentran mayormente los sembradores de coca; la expansión de los sembradíos y la amenaza que se cierne sobre los ecosistemas de la zona, y múltiples peligros para el medio ambiente en toda la región.

La lectura de la sentencia del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza será el capítulo más reciente de la epopeya de los pueblos indígenas por consolidar su dominio sobre sus tierras ancestrales.

La ceremonia tendrá lugar en el auditorio Julio Tumiri de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, en La Paz.