“Es necesario determinar con las unidades de fiscalización que se tienen en cada subalcaldía si lo que realmente está declarado en la minuta es lo correcto, y para ello se tiene que realizar una auditoría”, afirmó Silva.

En su criterio, no es necesario conocer el verdadero valor catastral del inmueble situado en el piso 7 del edificio Brasilia, sobre la avenida 6 de Agosto esquina Juan José Pérez, en la ciudad de La Paz.

Además de esa solicitud, Silva mencionó que envió dos peticiones de informe al alcalde Luis Revilla para establecer qué mecanismos de fiscalización se realizaron con el fin de determinar o validar la base impositiva sobre el valor catastral del bien inmueble que fue objeto de la transferencia por parte de los padres de Carlos de Mesa.

El 30 de abril, la diputada Susana Rivero (MAS-IPSP) reveló que el excoronel Gonzalo Medina, investigado por sus presuntos vínculos con el narcotraficante Pedro Montenegro, depósito de $us 30 mil en la cuenta del expresidente y actual aspirante por Comunidad Ciudadana.

El 2 de mayo se conoció que la minuta de venta del departamento, realizada en mayo de 2010, fue por $us 19 mil. Al día siguiente, Carlos Alarcón, abogado del expresidente, informó que el departamento fue vendido por $us 55 mil y que el primer pago fue de $us 30 mil.

El 9 de mayo, el ministro de Comunicación, Manuel Canelas, recordó a través de su cuenta de Twitter que “el precio de la compraventa (del departamento) fue de 55 mil; sin embargo, el declarado fue solo de 19 mil a pesar de que el valor catastral era de 29 mil”.

Por ese caso, el candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana fue convocado, en calidad de testigo, para brindar su declaración informativa a la Fiscalía, pero objetó la jurisdicción de la representante del Ministerio Público por considerar que si la investigación tiene relación con el contrato de la empresa Camargo Correa, correspondía juicio de responsabilidades.

Irregularidades
Según Silva, por los antecedentes que se divulgaron, hay una serie de irregularidades que deben ser aclaradas para determinar si hubo evasión tributaria o, en su defecto, otro tipo de vulneraciones en la transferencia de este inmueble. Aclaró que de evidenciarse la deuda tributaria, esta debe ser honrada, toda vez que, por norma, las deudas con el Estado no prescriben.

“Fácilmente se pueden recuperar los recursos que ilegalmente o maliciosamente hayan sido burlados por parte del contribuyente”, sostuvo.

Silva indicó que de acuerdo con cotizaciones, en ese sector donde está ubicado el edificio Brasilia, el metro cuadrado costaba 1.000 dólares. 

“En la actualidad, el metro cuadrado de ese departamento debe estar unos 2.000 o 2.500 dólares por la ubicación. Aclaro que un bien inmueble siempre tiende a subir”, señaló.