La Organización de Estados Americanos (OEA) es una institución integrada por los gobiernos de los países de toda América y entre sus atribuciones figuran, fundamentalmente, dos aspectos: uno, velar por la vigencia de los Derechos Humanos (cuenta con una Comisión y con una Corte), y dos, cuidar de una plena vigencia del sistema democrático (cuenta con una Carta Democrática Interamericana). Sin embargo, sus pronunciamientos sobre estos temas generalmente han sido bastante tibios, muy diplomáticos, y generalmente extemporáneos, con pocos resultados efectivos, pese a tener el carácter de obligatorios y vinculantes para los países que la integran.

Al presente, a propósito de las próximas elecciones generales en nuestro país, se han presentado transgresiones concretas, precisamente en ambos temas: Derechos Humanos y Democracia, efectuadas –con evidente abuso de poder- por el partido oficialista, a favor de la candidatura presidencial de los actuales mandatarios, obviamente de manera ilegal, inconstitucional e inmoral.

Se ha violado el Art. 168 de la CPE, agravándose más con el incumplimiento del resultado del Referéndum de 21 de febrero de 2016, que fue convocado por el partido en función de gobierno, para dejar sin efecto el precepto constitucional citado, extremo negado por la ciudadanía y, obviamente, subsistiendo la vigencia del mandato de la CPE, que niega, concretamente, la postulación del binomio Morales-García, para las próximas elecciones generales.

Sin embargo, el masismo, haciendo gala de su autoritarismo, inconcebiblemente, a través del Tribunal Constitucional Plurinacional, apoyado obsecuentemente por el Tribunal Supremo Electoral, pretende legalizar (…!) al binomio “imposible”, sin atribución legal alguna, aduciendo que se estaría “violando” (…?) los derechos humanos de Morales y García, para postular indefinidamente, ahora a un cuarto periodo presidencial. Vale la pena preguntar: ¿qué de los derechos humanos de los ciudadanos que depositaron su voto el 21 de febrero de 2016?

Ante semejante desvergüenza, el “candidato imposible” realiza su “campaña electoral”, cual se tratara de algo normal y correcto. Al parecer, ha olvidado que en tres oportunidades anteriores ha jurado como Presidente constitucional –sí, ha jurado- cumplir y hacer cumplir la CPE. Anecdótico, ¿no? Y los partidos de oposición, ridículamente, han aceptado con una actitud cándida e ingenua tal atrevimiento, compitiendo con un candidato que dentro de un Estado de Derecho simplemente no tiene ninguna razón legal para su postulación.

Resulta extremadamente oportuno, para que la OEA, con el conocimiento completo que posee -de esta situación presentada en Bolivia- a través de solicitudes, documentación, entrevistas, audiencias, etc., de ciudadanos bolivianos, llámense plataformas del 21-F, opositores políticos, dirigentes cívicos, inclusive políticos del oficialismo, se pronuncie concretamente al respecto. De no ser así, la Organización de Estados Americanos se convertiría en cómplice, por omisión, para que el candidato usurpador se convierta en “Presidente constitucional” usurpador, como sucede actualmente en un país vecino, contribuyendo a la presencia de las ideas que rondan las mentes de los bolivianos, al observar escenas de los sucesos en Venezuela y en Nicaragua.