Desde el jueves, el burgomaestre está  detenido preventivamente en  San Pedro. Se le acusa por cinco delitos: conducta antieconómica, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y malversación de fondos, según el Ministerio Público.

 El miércoles, el fiscal Fernando Atanacio informó que se investigan  cinco proyectos. De acuerdo  con  los datos que dio la autoridad, el supuesto daño económico ascendería a  más de 500 mil bolivianos. 

El martes, el ministro de Justicia, Héctor Arce, detalló, en conferencia de prensa, que las obras son: un hospital de segundo nivel,  una  rotonda del centro hospitalario, un centro de salud y dos  establos para la tenencia y manutención de ganado.

La autoridad indicó que el Ministerio de Justicia, a través del  Viceministerio de Transparencia,    presentó dos denuncias en contra de Ramos. La primera,  por la ejecución presuntamente ilegal de tres obras; y la segunda, por los otros dos proyectos.

 El ministro Arce explicó que  los supuestos   actos de corrupción se dieron entre 2016  y  2017.

 “Las obras de salud se ha podido evidenciar que han sido entregadas físicamente el año 2016;  sin embargo,  recién se ha licitado la construcción de las obras en 2017”, afirmó Arce. “La empresa construía por su cuenta y después de un año se hacía el proceso de licitación”, agregó. 

 La Fiscalía Departamental de La Paz también dio a conocer que se imputó a Ramos por 57 indicios de corrupción.

El conflicto data  de principios de 2017, cuando los vecinos se movilizaron en busca de que Ramos dé una rendición de cuentas del año 2016. En la controversia hubo desde quemas,  saqueos, un amague de enfrentamiento y hasta la  detención de líderes de la movilización.  Pese a los pedidos de renuncia,  Ramos no dimitió y siguió en el cargo hasta esta semana, cuando fue apresado.