Medio: El Potosí
Fecha de la publicación: viernes 10 de mayo de 2019
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Procesos contra autoridades electas
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La decisión fue asumida ayer por el juez primero Anticorrupción. La autoridad edil, que trabajaba desde una oficina en la ciudad de El Alto, habría incurrido en delitos de uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y malversación.
En la víspera, la Fiscalía Departamental de La Paz emitió la imputación formal con 57 indicios y pruebas en contra del alcalde del municipio paceño, por actos de presunta corrupción en los procesos de contratación de tres obras que ejecutó durante las gestiones 2016 - 2017.
Los hechos investigados tienen que ver con la adjudicación de la construcción de tres obras realizadas en ese municipio; la rotonda del hospital de segundo nivel de Achacachi, la construcción del mismo hospital y la construcción del Centro de Salud de la comunidad Tahari.
“En la gestión 2016, estas tres obras fueron asignadas para su construcción a personas que, según la información obtenida del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), recién fueron adjudicadas oficialmente en la gestión 2017”, sostuvo el fiscal anticorrupción, Fernando Atanasio Fuentes.
INVESTIGACIONES
La medida se debe a raíz de la denuncia del Ministerio de Justicia y Transparencia tras investigaciones a la gestión de Ramos. Hace dos años, el alcalde fue denunciado por las juntas de vecinos de Achacachi.
"Se han identificado cinco obras: un hospital de segundo nivel de Achacachi, una segunda obra la rotonda (del) hospital de segundo nivel, una tercera obra un centro de salud, una cuarta obra establos y una quinta obra (...) que también son establos para la tenencia y manutención de ganado", informó el ministro de Justicia, Héctor Arce, el martes, tras la aprehensión de Ramos.
Por esta situación, Arce explicó que se presentaron dos denuncias penales contra el burgomaestre. La primera denuncia en estas construcciones de obras que en 2016 la autoridad edil designó directamente a una empresa que hizo los trabajos, pero en 2017 recién se realizó el proceso de contratación.
La segunda denuncia fue por irregularidades en la construcción de establos. En este caso es la misma forma de operar que en la anterior, con la diferencia que las obras quedaron inconclusas, aunque se hizo desembolsó el 100 % de los recursos.