Estas 88 vulneraciones están agrupadas en 14 actos contrarios a la libertad de expresión: estigmatización, autocensura, amedrentamiento de periodistas, criminalización, sistemas de vigilancia, condicionamientos previos, censura previa, atentados contra el discurso de interés público, acceso a la información, obstaculización en procesos electorales, reserva de fuentes de información, asignación discriminatoria de publicidad oficial y derecho a ejercer el periodismo.

De las 88 vulneraciones, 29 fueron casos de estigmatización, que denigran la imagen de la víctima y, en el caso de la prensa, erosionan la confianza que la población tiene en ella. 27 de las 29 estigmatizaciones fueron declaraciones realizadas por autoridades públicas, incluyendo cuatro del presidente Evo Morales y siete del vicepresidente Álvaro García Linera, teniendo como víctimas recurrentes a periodistas y a agrupaciones políticas opositoras.

La segunda vulneración más recurrente fueron los atentados contra el discurso de interés público, en un total de 13. Éstos son entendidos como cualquier limitación contra expresiones que se enfocan en debatir asuntos que, por su naturaleza, son de escrutinio general de la población, como ser ejecución del presupuesto público, casos de corrupción, contratos públicos e incluso la reelección. La limitación de este derecho no sólo afecta a quien no puede emitir información, sino que atenta contra el derecho a recibir información de la población en general. De los 13 casos, nueve fueron atentados contra los movimientos del 21F, demostrando la actitud reactiva del Estado ante este tema.

La tercera vulneración más frecuente fue la autocensura con 12 casos y la criminalización fue la cuarta más recurrente con siete casos. Ambos están asociados. La instauración de procesos penales, especialmente contra periodistas, genera un entorno propenso a la autocensura, generando inhibiciones por miedo a represalias legales ilegítimas. De los siete actos de criminalización, solo uno fue dirigido contra un actor ajeno a la prensa.

Todo acto vulnerador de la libertad de expresión puede desembocar en la autocensura de la sociedad civil en general o de la prensa, porque son actos que violentan los derechos de las personas, y pueden generar un temor fundado al momento de expresar cualquier opinión o información.

En general, la prensa es el actor más vulnerado con relación a la libertad de expresión. Además de la estigmatización, la criminalización y la autocensura, otros actos como el amedrentamiento a periodistas, la instauración de sistemas de vigilancia, la imposición de condicionamientos previos y la asignación discriminatoria de publicidad oficial, entre otros, también afectaron el trabajo y los derechos de los periodistas el año pasado.

El Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS es un espacio virtual que visibiliza la dinámica de las Organizaciones de la Sociedad Civil y los/las defensores/as de derechos, para denunciar y prevenir restricciones a los derechos civiles y políticos, creando conciencia sobre la situación y el contexto en el que las organizaciones defensoras de derechos, desarrollan su acción.

A través de una metodología establecida, el Observatorio combina datos de una variedad de fuentes y organiza la información a través de un estándar de comprobaciones para emitir informes y diagnósticos sobre la situación de las libertades de asociación y de expresión, y el derecho a la protesta.

El 10 de mayo se conmemora el Día del Periodista Boliviano, dispuesto por el presidente Germán Busch, quien instituyó la fecha en 1938, en homenaje a los trabajadores de la prensa y en reconocimiento a esta actividad como una profesión.