La información proviene de la página TipnisBolivia.org que es un archivo documental de todo lo relacionado a la problemática en relación a la defensa del área protegida Isiboro Sécure.

PROCESO

En noviembre de 2017, en la ciudad de Bonn, Alemania, la Subcentral de pueblos indígenas del Tipnis y la Subcentral de mujeres del Tipnis denunciaron ante el TIDN que los derechos de esta selva amazónica estaban siendo violados por el gobierno de Evo Morales, con la anulación de la Ley 180 de protección del Tipnis y la ejecución de obras sin estudios de impacto ambiental en la zona.

A principios de 2018, el TIDN emitió la Decisión Nº1/2018 por la que aceptó considerar el caso del Tipnis y resolvió crear una Comisión Internacional de Observadores e Investigadores para verificar in situ la denuncia. Esta comisión visitó Bolivia entre el 15 y el 23 de agosto de 2018 y estuvo integrada por Alberto Acosta (Ecuador), Shannon Biggs (EUA), Enrique Viale (Argentina) y Hana Begovic (Suecia).

“Nosotros queríamos conocer cuál era el impacto de la construcción de la carretera y los impactos ambientales, sobre la biodiversidad, que al parecer son evidentes. Nosotros ya tenemos datos, información, fotografías y otros documentos sobre estas denuncias. Pero nos hubiese gustado conversar con los indígenas de esa región”, dijo Alberto Acosta, miembro del organismo internacional.

En enero de 2019, la comisión emitió su informe de la visita a Bolivia en el que afirma que existe evidencia suficiente respecto a actuales y previsibles impactos ecológicos en la zona: deforestación en el polígono siete; expansión de la producción ilícita de hoja de coca; explotación forestal en el Sécure Alto; afectación a la generación hídrica en la zona; afectación a los bosques, fauna y flora; desestabilización de ecosistemas; amenaza petrolera; impactos en la vida de los pueblos indígenas; ataques a defensoras y defensores de la naturaleza; y crisis institucional del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap).

En su informe, la comisión recomienda sancionar al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia por las reiteradas violaciones a los Derechos de la Madre Tierra y a otros cuerpos jurídicos que la reconocen como sujeto de derechos. Este informe fue puesto a consideración del pleno del tribunal y este 15 de mayo se conocerá su veredicto final.

El TIDN está conformado por jueces y juezas de reconocida autoridad ética y científica respecto a los derechos de la naturaleza, nombrados por defensoras y defensores de la Madre Tierra de diferentes partes del mundo. El TIDN es una instancia de la sociedad civil, con carácter ético, que tiene como objetivo investigar y dictaminar sobre casos de violaciones a los Derechos de la Naturaleza por parte de organizaciones internacionales, Estados, empresas o individuos, en aplicación de lo establecido en la Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra adoptada en Tiquipaya, Cochabamba, Bolivia en el año 2010.

En la ciudad de La Paz, a las 10 de la mañana de ese día, se realizará una conferencia de prensa convocada por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia y la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios para socializar la sentencia y luego realizar una ronda de comentarios y análisis por diferentes personas entendidas en la materia. Dicha Conferencia de Prensa se llevará a cabo en el auditorio Julio Tumiri de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia de la ciudad de La Paz.