Da en el clavo el analista, ya que estamos precisamente ante un candidato administrable, que el oficialismo construyó políticamente (vocería del mar), habilitó para la postulación (amnistía por Quiborax) y le “armó una cancha” favorable mediante el adelantamiento del proceso electoral con la LOP (de la que fue coproyectista uno de los hombres de confianza de Mesa), medida con la que se desarticuló a las plataformas.

Incluso un diplomático centroamericano que sigue con atención la evolución política de Bolivia, Antonio López Escarré, ha llegado a calificar a Mesa como un “candidato satélite” del régimen del MAS.

Ahora, en el contexto de un narco-escándalo policial de grandes proporciones, el candidato administrable vuelve a ser útil por su fragilidad, tanto por los papeles ocultos que se sacan a la luz como por la increíble confusión e irritabilidad con la que asume su defensa.

Lo más probable es que Mesa haya sido alimentado para sacrificarlo en el momento oportuno, mucho más cerca de las elecciones, garantizando la victoria del evismo. Por eso es una pésima apuesta poner las fichas del voto útil opositor en este endeble postulante, que a juzgar por sus propias declaraciones ya parece haber analizado las condiciones que pone el TSE para la renuncia a la candidatura.

Que esta documentación –probable punta de un iceberg mucho más grande, que puede incluir a Camargo Correa y otras aristas del caso Odebrecht- haya sido expuesta públicamente en este momento puede obedecer a la urgencia del citado escándalo policial, pero no descartemos que sea un salvavidas algo incómodo lanzado al candidato administrable, para que aminore su estrepitosa caída en las encuestas mediante un discurso victimista.

Si algo no le conviene al masismo es la articulación de la unidad opositora en torno a otro candidato más sólido, en cuyo caso el régimen sí estaría en serios problemas.

Desde el 6 de mayo, el tema del depósito hecho por el narco-jefe Medina en la cuenta de Mesa pasó al ámbito judicial, a esa misma justicia a la que el candidato de CC acudió para tratar de silenciar a dos diputados opositores que osaron destapar el barril sin fondo de los gastos millonarios en la vocería del mar.

Una justicia manipulada, sin duda, siguiendo el precedente que el mismo Mesa estableció en julio del 2004, cuando nombró a dedo, por decreto, a 17 autoridades del Poder Judicial, incluyendo a seis magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dos integrantes del Consejo de la Judicatura y nueve fiscales de distrito.

Es probable que, al decir de Valverde, “todo esto quede en nada” y que el oficialismo decida que Mesa puede seguir corriendo unos meses más hasta el momento indicado para el sacrificio civil. Si sucede lo contrario, será más bien por las torpezas de una defensa de rasgos auto-incriminatorios.