Adicionalmente, según notas de prensa, el Gobierno de Brasil habría comprometido sus esfuerzos para que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelva explícitamente que el derecho a la reelección indefinida no es un derecho humano. En efecto, dirigentes cívicos, activistas y parlamentarios, pidieron que el Gobierno de Jair Bolsonaro eleve una solicitud de opinión consultiva ante la CIDH, a fin de que ésta determine si la reelección presidencial perpetua es un derecho humano, amparado por el Artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Y casi en paralelo a esta acción, el Senado de Estados Unidos ya reconoció que la candidatura Morales-García no tiene legalidad ni legitimidad alguna. La instancia legislativa norteamericana manifestó que el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016 - en el que el 51,3% dijo “No” a la reelección - reflejó la voluntad legítima de la mayoría de los votantes en Bolivia. En el documento conocido por la opinión pública, también se pidió al Gobierno boliviano que respete y restablezca la independencia del Órgano Electoral y de los órganos clave; y que, además, las elecciones de 2019 sean administradas cumpliendo las normas democráticas internacionales y los límites constitucionales del mandato presidencial.

Todo parece indicar, no obstante, que el Gobierno boliviano no dará marcha atrás en su ansia insospechada de continuismo. ¿Qué sucederá si eventualmente son reelectos Morales y García a contramarcha de los pronunciamientos y decisiones internacionales? Dados los antecedentes anotados, ello podría conllevar que una parte significativa de la comunidad internacional no reconozca la legitimidad del futuro Gobierno boliviano; asunto que lejos de entrañar una preocupación o capricho colectivo, debería provocar desasosiego en el conjunto de la sociedad boliviana.