De este constructo, puede desprenderse que desde el 2006 hasta el 2019 el Estado boliviano cumple relativamente con los elementos necesarios para ser considerado, tanto por los doctrinarios como por los instrumentos internacionales, como un Estado democrático, social de derecho, plurinacional y comunitario. En este sentido, se enfoca el reto y la perspectiva del Embajador y Delegado ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la defensa de la causa marítima, Rodríguez Veltzé, que pese a haber conformado un equipo interno de profesionales y otro externo, se supone por expertos en litigios marítimos internacionales, la decisión del tribunal internacional fue una derrota catastrófica para Bolivia (12 votos a favor de los argumentos de Chile y 3 a favor de Bolivia). Indudablemente que es un fallo inapelable por haberse agotado precipitadamente una de las instancias doradas y emblemáticas en litigios internacionales. ¿La ciudadanía se pregunta actualmente por qué se activó la demanda tan apresuradamente? ¿Y por qué no se reflexionó en tiempo para continuar con las negociaciones desarrolladas con la presidenta Michael Bachelet que vislumbraban mejores acercamientos?
Un fallo densamente argumentado en cuyas cláusulas se subraya que “Chile no asumió ninguna obligación con Bolivia para negociar y acceder a las costas del Pacífico”, ciertamente que no cierra las ventanas para que las partes reanuden conversaciones –pero más que probable sea considerado un subtema para Chile– y no una causa principal y vital como representa para nuestra dignidad, desarrollo e interconexión con el mundo.
Las políticas públicas tienen que estar exentas de todo interés político ideológico y fluir de una voluntad unánime de todos los segmentos de la sociedad boliviana, como emergencia de un debate público de mayorías y minorías, de lo público y lo privado, segmentos laborales y las clases sociales incluidas en los primeros años del periodo de gobierno de Evo Morales. Sensiblemente, el verbo “recuperar” nuestro anhelado mar, lo convirtieron los precipitados en el “perder”, y su predicado, el reinicio de conversaciones que llevarán quizás otro centenario. Hasta aquí, hemos perdido tiempo, millones de dólares, pronunciamientos regionales que lograron en otrora las representaciones diplomáticas de carrera académica en distintos foros, pero lo que no se debe perder de vista por ética e integridad ciudadana, es el derecho que tenemos todos los bolivianos de exigir a los responsables intelectuales y materiales la obligación ética, cívica y pública de prestar un informe a toda la sociedad boliviana, empezando del Presidente de la República, Embajador y Delegado ante la CIJ Rodríguez Veltzé, sobre los argumentos y pruebas de Bolivia que se presentaron en La Haya, y sea ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.
De este modo, se cumplirá con el “derecho y deber a la buena administración pública” que no está explícitamente en la Constitución pero entre ciernes se interpreta del artículo 108.1, 2 y 13 de la Constitución. Es indiscutible exigir por qué la población no puede informarse de los propios actores que los representaron en la causa marítima, y de explicarle cuántos millones de bolivianos se gastó en la demanda hasta que se conoció el fallo. Son temas que no pueden quedar en el limbo.
Ahora bien, por muy positivos que hayan sido los intentos de la demanda marítima, pero al fin desafortunados, al no poder desapegarse del factor político, la idea de Rodríguez Veltzé de dejar en trámite el caso de los “manantiales del Silala” y ser postulado por el Gobierno de Evo Morales como aspirante a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no parece ser la más inteligente para el país, aunque tenga todo el derecho de hacerlo; porque primero están los intereses generales del Estado, por encima de los intereses personales o del gobierno; más aún si en sede de la Comisión existen demandas sobre presuntas violaciones a los derechos humanos (caso Chaparina, asesinato en el hotel Las Américas de Santa Cruz, etc.). Siendo la más recurrente la demanda contra la reelección indefinida de Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera que determinó el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0084/2018, tergiversando en forma fraudulenta la interpretación y aplicación preferente del artículo 23 de la CADH, que “no reconoce como derecho humano a quien ejerce el poder”, y desconociendo el valor de los resultados de la voluntad popular expresada en el Referéndum de 21 de febrero de 2016. ¿Si acaso se actuara con consecuencia menos visible sería el interés del Gobierno si decidiera postularlo como Cónsul General en Santiago de Chile? Y así articular la diversidad y fragmentación con nuevos mecanismos de coordinación e integración con el país vecino de Chile. Por eso, es bueno que tanto el gobierno como Rodríguez Veltzé acepten la existencia de interacciones entre niveles, toma de conciencia de la complejidad de interdependencia entre actores y que lo importante es el contenido de las políticas y la responsabilidad asignada, y ante semejante complejidad permitan sumar recursos y estrategias de actuación (Brugué, Q., Gomá, R y Subirats: 2005).
Derivado de la suma de estas facetas, cómo es posible que Rodríguez Veltzé se abstenga de pronunciarse sobre la consulta que le hace la Asamblea Permanente de DD.HH. de Bolivia sobre el tema del valor de los resultados del Referéndum 21F y si la reelección indefinida de Evo Morales es un derecho humano conforme al artículo 23 de la CADH, siendo que el artículo 168 de la Constitución establece como límite no más allá de los diez años de mandato constitucional. Parece un contrasentido su postura, si a las 48 horas de dictar el Tribunal Constitucional Plurinacional la SCP 0084/2017 de 28 de noviembre, desde La Haya declaró “sobre el fallo del TCP: la Constitución dispone que la soberanía reside en el pueblo, es su poder constituyente el que debe consultarse con preferencia para garantizar el principio de pluralismo político que fundó el Estado” (cuenta Twitter 30 -11-2017, publicado en El Deber el 1 de diciembre de 2017).
Por tanto, si conforme al artículo 106 de la CADH, la Comisión a la que aspira, postulado por el gobierno de Evo Morales, tiene como función principal la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la OEA, resulta contradictoria y confusa su respuesta a la Asamblea de DD.HH. y siembra una estela de dudas sobre el principio de independencia, si lo que se requiere es que se den respuestas adecuadas a los problemas de nuestro tiempo, obviamente dentro del marco de la CADH.