En las elecciones presidenciales del domingo en Panamá, la victoria se definió por apenas 45.000 votos. Si bien en principio el candidato derrotado habló de irregularidades y planteó el conteo manual de actas, una vez que el Tribunal Electoral proclamó al ganador, todos los actores políticos reconocieron el resultado. ¿Qué pasaría en Bolivia con una elección reñida en las urnas?

Un principio fundamental en democracia, con arreglo a diferentes reglas electorales, es el respeto a la voluntad mayoritaria expresada mediante el voto. Cuando esa mayoría es amplia e inequívoca, difícilmente podrá impugnarse el resultado de una elección. Así ocurrió en el país en los últimos tres comicios generales, en los que el binomio del MAS-IPSP ganó con mayoría de votos, con diferencia de hasta 37 puntos respecto del segundo. El electorado expresó claramente sus preferencias.

La interrogante sobre la aceptación de resultados surge ante la posibilidad de una elección cuyo ganador se defina por pocos votos. En ello el factor confianza es fundamental. Hay experiencias en la región donde resultados estrechos fueron reconocidos sin cuestionamientos. Pero también hay casos en los que hubo impugnación y devino un escenario de conflicto poselectoral. ¿De qué depende? De la madurez democrática de los actores políticos, ciertamente, pero también de la fortaleza institucional.

La premisa de un proceso electoral plural, transparente y competitivo es que cuenta con reglas claras, legitimidad asumida ampliamente y administración técnica incuestionable. No parece ser el contexto actual en el país con miras a la votación del 20 de octubre. Si bien las reglas de los comicios están definidas, es evidente que la oposición desconfía del organismo electoral y existe inquietud acerca de su desempeño técnico. No es el mejor escenario para una elección con resultado incierto.

Ahora bien, siendo innegable la situación de crisis interna (o al menos de fragilidad) en el Tribunal Supremo Electoral, no parece haber ninguna posibilidad de cambio de vocales, como exigen algunos candidatos opositores. Para empezar, el tema no está en la agenda del Gobierno. Y tampoco sería deseable recomponer el organismo a pocos días de la convocatoria a elecciones. Asimismo debe subrayarse que los nueve tribunales electorales departamentales conservan la institucionalidad y su capacidad técnica.

¿Cómo cuidar la legitimidad de las elecciones de octubre a fin de brindar confianza y, en consecuencia, tener certeza sobre el reconocimiento de los resultados? Más allá de las claras señales de estabilidad y solvencia que debe dar con prontitud el TSE, es necesario que los partidos políticos y candidatos, además de otros actores relevantes, contribuyan a generar un clima de respeto y certidumbre en torno a los comicios. A la ciudadanía le corresponderá, una vez más, una alta participación en las urnas.