Cumplir las leyes para vivir en un Estado de Derecho

Eduardo Claure

Las leyes son reglas formales establecidas y ejecutadas por el Estado, que prohíben o regulan determinados comportamientos que no están en armonía con la convivencia en sociedad. El hecho de violar la ley conlleva a una sanción penal establecida, además, las leyes se deben aplicar a todas las personas por igual y, las autoridades de alta investidura, deben ser ejemplo en obedecer y aplicar las leyes, esto se da a partir del juramento que hace el presidente de Bolivia al momento de su posesión. Antes de 2006, se juramentaba ante una Biblia en el ex Congreso Nacional (incluso había un crucifijo), hoy se lo hace sobre la Constitución Política del Estado. Bueno, no sabemos si es una CPE, pero que hay un libro en el atril, lo hay, varias imágenes de ese día de la posesión parecen corroborar esta figura que se describe. Ese juramento, más allá de la mera formalidad, es un acto solemne que afirma el cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado y las leyes. No es poca cosa.

Las leyes deben respetar siempre y en todo momento los Derechos y Libertades fundamentales de todos los ciudadanos. Unas leyes que ataquen la propiedad privada, por ejemplo, impedirían la existencia de un verdadero Estado de Derecho aunque se cumplieran. Y el Estado, a través de sus organismos, debe asegurar que en la práctica, no sólo en teoría, se respeten los Derechos y Libertades de todos los ciudadanos. Eso juramentan todas las autoridades que se posesionan. En todos los países del mundo, la suma del total de valores, costumbres, reglas y leyes constituyen la moral y la consciencia colectiva de una sociedad. Sin embargo, esta consciencia colectiva se debilita o se destruye, cuando las personas tienden a violar las leyes y las costumbres establecidas. Esto crea un ciclo vicioso donde la destrucción genera aún más destrucción y no existe mayor mal cuando es precisamente la mayor autoridad jerárquica la que incumple, deforma o decide a su voluntad y conveniencia malinterpretar y/o aplicar la ley según su veleidad.

En general, las leyes de los países llamados democráticos no cumplen los requisitos de ser: claras, públicas, estables y justas. Sí bien cumplen el requisito de ser públicas, ya que se publican en el momento de ser promulgadas, pero, en conjunto, ni son claras, ni son estables, ni son justas. Por otro lado, existe tal cantidad de leyes que es literalmente imposible para una persona llegar a leerlas todas. Además, se cambian constantemente, agravando aún más este problema. Todos los días se aprueban nuevas leyes y reglamentos, y es imposible que nadie llegue siquiera a leerlos. Si para la población es literalmente imposible llegar a conocer las leyes que tiene que respetar, es evidente que, sólo por este motivo, no se dan las condiciones que requiere un auténtico Estado de Derecho. Sin embargo y a pesar de esta figura, la población boliviana se sometió a aceptar la nueva Constitución Política del Estado, como el instrumento jurídico superior que impere para la vida y desarrollo del país a partir de su puesta en vigencia un 7 de febrero de 2009, muertos de por medio en La Calancha, crímenes, que sea de paso, no fueron esclarecidos hasta hoy.

Vivimos en sociedad y dependemos de todos; es más, nos volvemos humanos gracias al contacto con los demás. Para convivir, necesitamos normas y reglas que indiquen lo que está permitido e impidan que nos perjudiquemos unos a otros. Cada sociedad crea sus normas y reglas para guiar la conducta dentro de la familia, la escuela, el club, etc. Las leyes son obligatorias para todos y están reunidas en documentos llamados códigos. Cuando alguien desobedece una ley o comete un delito, es castigado con una multa, sanción, correctivo o con la cárcel. Al vivir en sociedad, se hace indispensable un orden, un mecanismo que regule la conducta de las personas, de tal manera que se respeten los derechos y las libertades de todos por igual; con ello surgen las normas. La norma es una ordenación del comportamiento humano según un criterio que conlleva una sanción al no ser cumplida. La norma también puede ser coactiva, la posibilidad de utilizar la fuerza para que se cumpla. Las normas tienen como finalidad establecer cómo debe comportarse la persona, es un “deber ser” u obligación. Existen variadas normas de comportamiento o “sistemas normativos”, estos son: la norma religiosa, la norma moral, la norma de trato social, la norma jurídica y, en ésta la norma política bajo la cual vivimos en un sistema político democrático, o por lo menos lo intentamos con esfuerzo.

Es así como nuestra Constitución, considera estas funciones, pues las leyes fueron redactadas con el fin de construir una sociedad justa. Para que las leyes existan el Poder Ejecutivo envía iniciativas de ley y el Poder Legislativo las estudia para decidir si serán tratadas y promulgadas o no. Los ciudadanos, por ende, deben conocer y respetar estas normas como objetivo de servicio reciproco para vivir en sociedad y, en lo posible, con el ejemplo de su aplicación constante. Si las leyes y normas no existieran sería una sociedad sin pautas de comportamiento, y el mundo sería un verdadero caos, y es ahí donde se impondría una anarquía y cada quien se volvería desquiciado haciendo lo que se le diera la gana sin importarle nada ni nadie, esto impediría el crecimiento y desarrollo armónico de la sociedad y una vida feliz y productiva.

Las leyes son una forma de controlar la conducta de la sociedad. Éstas están establecidas para limitar la libertad individual donde empieza la de los demás, de manera que no se perturbe el orden social. Por esto, si no fueran obedecidas no se podría convivir con otras personas, ya que, al tener libertad para realizar acciones individuales, las personas no se detendrían a pensar cómo podrían afectar decisiones individuales al resto y cada quién actuaría según los deseos o caprichos de cada uno. Como corolario, nadie tendría que rendir cuentas a nadie, pues todos harían lo que les venga en gana. Cuando esta figura se ejercita desde la autoridad, la impunidad campea, la tiranía asoma y las libertades se pierden, a veces sin retorno. En este contexto, la sociedad está obligada a seguir las leyes, el pueblo se siente obligado a seguirlas, pues si no se las sigue las actuaciones tendrían unas consecuencias que no desea nadie, por lo que la sociedad en su conjunto se siente condicionada a seguir las leyes por las malas y perversas consecuencias que se sucederían y, también porque si nadie obedeciera las leyes nadie podría vivir tranquilo en una sociedad y todo sería un caos, imperaría la anarquía, el desconcierto y el desorden. Se habría perdido la disciplina, el orden, la coherencia, la cordura y el raciocinio; el respeto dejaría de ser tal.

Ahora bien, la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento, como alguien puede pensar. En Bolivia, se establece que todos tenemos el deber de cumplir la Ley sin que su desconocimiento sirva como excusa para no cumplirla. Rigen aquí la presunción de que una vez promulgada y publicada en la Gaceta Oficial una Ley, todos deberían conocerla, cumplirla y hacerla cumplir, también, mucho más si de la CPE se trata. Cuando la normativa específica dispone que la ignorancia de la Ley no nos libere de tener que cumplirla, lo que pretende es no dejar al capricho del ciudadano la observancia de las normas jurídicas ni tampoco premiar al ignorante. Pero lo cierto es que para poder cumplir la Ley y respetarla, primero hay que identificarla y comprenderla. Qué sucede con la CPE, que fue aprobada luego de un periplo borrascoso y fue publicitada con gran parafernalia, sin embargo conforme fue asentándose su aplicación, esta dejó muchos sinsabores y colisiones con la realidad, se constató de a poco su no cumplimiento y su vulneración constante. Y, paradójicamente, fueron o han sido, precisamente autoridades nacionales que han infringido su aplicación. Varias leyes y/o Decretos –instruidos por el Ejecutivo- también ingresaron en el campo de la vulneración de la propia CPE, como por ejemplo el D.S. No. 2366 de 20 de mayo de 2015, que permite actividades de exploración y explotación hidrocarburíferas en áreas protegidas en el marco del modelo económico extractivista en territorios indígenas, santuarios naturales y otros parques nacionales, precisamente en contra de la prerrogativa que les asiste a los pueblos indígenas en estos territorios protegidos por la CPE, para decidir sus formas de desarrollo y a ser consultados sobre las medidas que puedan afectarles y, el otro caso emblemático de transgresión a la CPE es lo dispuesto por el Tribunal Constitucional Plurinacional con la sentencia constitucional No. 0084/2017 de 28 de noviembre de 2017, en una espuria “interpretación” del art. 23 del Pacto de San José de Costa Rica, “deciden y declaran su aplicación preferente sobre la CPE” señalando qué, el resultado del 21F, vulnera los derechos humanos y políticos del presidente y vicepresidente y les “restituye” sus derechos a rererere postularse el 2019 y más allá: sin límites. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro de poco deberá pronunciarse como corresponde, en el marco de la ley y en apego a los principios que rigen su institucionalidad internacional en la materia.

En esta trama, el NO del 21F de 2016 es vinculante y de cumplimiento obligatorio, es decir que las primeras autoridades electas (Morales y Linera) no pueden ser candidatos, pero bajo su visión teocrática incitan peligrosamente a sus movimientos sociales del CONALCAM (COB, CSUTCB, Bartolinas, Conamaq, interculturales y otros) convenciéndoles que él y su compañero de fórmula, tienen un derecho humano mayor y al pueblo le correspondería un derecho humano menor. Este equívoco oscuro y perverso de valorar “sus” derechos humanos como “superiores” frente a los de cualquiera de los bolivianos, es discriminatorio e infectado por su demencial extravío ideológico y político, sancionada por la Ley 045. Esta figura, plantea con severidad que no se comprende la función de los derechos humanos o simplemente no les importa a los patronos reelegibles a perpetuidad y menos a sus huestes de ignaros.

La ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. Esta máxima en su cumplimiento debiera ser un ejemplo a seguir, por cuanto es de conocimiento de las autoridades nacionales electas, entonces? El derecho a comprender las comunicaciones verbales o escritas de los abogados y de las instituciones públicas presupone que el tenor de las Leyes -especialmente, las que desarrollan derechos fundamentales y libertades básicas- debería poder entendérsela, sin mucha dificultad, por cualquier ciudadano. Reconozcamos que existe un problema de educación legal básica en la población boliviana que debiera revertirse si nos interesa realmente que el Derecho y la Ley esté al alcance de todos, y conseguir una mayor predisposición de todos a cumplir la Ley, pero, el conocer la Ley y el Derecho, cambiará el estado de situación? Será que puede decirse que el presidente, vicepresidente y sus acólitos de la Asamblea Legislativa Plurinacional y del Tribunal Constitucional Plurinacional, desconocen la Ley, el Derecho y la CPE.?

Qué se constata, lamentablemente, con la actitud de porfiar un capricho personal o de un circulo palaciego de insistir en obligar a que se emitan disposiciones contrarias a la propio CPE?, pues, que el Estado a pesar de disponer de instrumentos adecuados para hacer cumplir las leyes, permite que estas sean burladas por razones políticas. Esta situación de debilidad explica también la forma en que se produce el reto al Estado de Derecho y a la Constitución planteado ahora por la ciudadanía democrática, políticos y profesionales del Derecho que impugnan, formalmente ahora por la vía institucional, y luego seguramente serán las calles y movilizaciones de colectivo sociales y a través de las RR.SS., que tomando conciencia de este hecho que nos pone como país al borde del abismo hacia la tiranía y/o la hecatombe del proceso de cambio en ruta hacia el desastre y sepultura de la democracia, vienen accionado los mecanismos legales que les franquea la ley para revertir este malhadado y perverso proceso de cambio que al instruir el tenor de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0084/2017 de 28 de noviembre de 2017 del TCP, están desconociendo todo el ordenamiento jurídico boliviano y socavando al límite, la tolerancia de una Bolivia democrática, pacífica y respetuosa de la ley, que quiere desarrollo y bienestar, que sólo quiere un futuro posible, no mazmorras de dictadura o tiranía azul. El incumplimiento y la no aplicación de la Ley, afecta directamente a la democracia y a la institucionalidad. La insuficiencia del Estado de Derecho favorece la arbitrariedad, la corrupción, la desigualdad, la impunidad y a la tiranía.