"Al señor César Hernández lo conocí en 2014, vino (con) un grupo de gente mexicana que vinieron a participar y colaborar como voluntarios en la elección; a partir de finales de 2014 y principios de 2015, cuando César Hernández se marcha del país, yo no le he vuelto a ver, la verdad no hemos mantenido ningún tipo de relación después", explicó Canelas esta mañana.

El pasado 1 de mayo, Hernández publicó un post en su muro de Facebook en el que agradece a actuales autoridades del Ministerio de Comunicación y al secretario general de la Vicepresidencia, Héctor Ramírez, por el regreso de Neurona a Bolivia "para defender este proceso de cambio que llevamos en el corazón".

Neurona Consulting recibió un total de 12,4 millones de bolivianos por ocho contratos. Por ejemplo, solo el año 2018 suscribió cuatro contratos con el Estado por 10.477.608 bolivianos que fueron pagados con fondos del Ministerio de Comunicación, dirigido entonces por Gisela López.

"La viceministra Leila Medinaceli lleva tres meses como mucho siendo viceministra, es un poco difícil que haya tenido algún papel protagónico en los dos años anteriores, cuando es la empresa Neurona la que tiene los contratos con el Ministerio de Comunicación, y lo mismo con mi persona", declaró Canelas.

El Ministro ratificó que las auditorías a los contratos por más de 12 millones de bolivianos se encuentran en manos de la Contraloría General del Estado, con el fin de que la entidad se pronuncie sobre la transparencia de estos procesos.

Respecto a la publicación en redes sociales de fotografías en las que Canelas y Medinaceli aparecen junto al director de Neurona Consulting, el Ministro aseguró que desde 2015 no tuvo ningún tipo de relación con el ahora ejecutivo de la empresa mexicana.

Hernández y otras personas, según la explicación de Canelas, llegaron a Bolivia el 2014 para apoyar la campaña para las elecciones generales.

Canelas dijo que a las observaciones políticas de la oposición se sobreponen hechos concretos, como que "la empresa no existía el 2014" y que los contratos fueron suscritos amparados en el Decreto 26682.

"Vamos a ver qué nos dice la Contraloría (...), ellos serán los que determinen si esa justificación está bien fundamentada, es pertinente y corresponde. No hay una prohibición, no es decir si existe el producto en el país usted no puede contratar fuera, eso no dice la norma", señaló.