Medio: Nuevo Sur
Fecha de la publicación: lunes 19 de febrero de 2018
Categoría: Conflictos sociales
Subcategoría: Marchas, bloqueos, paros y otros
Dirección Web: Visitar Sitio Web
Lead
Contenido
Del dicho al hecho hay mucho trecho
Marcel Ávila Reese
Inicia una semana políticamente conflictiva, por una parte la marcha a
nivel nacional por el respeto al voto del referéndum 21F, porque no
acaba de convencer a la población mayoritaria de Bolivia una resolución
del Tribunal Constitucional Plurinacional que da plena legalidad y
vigencia a la repostulación del primer mandatario Evo Morales Ayma y su
vicepresidente Álvaro García Linera.
No convence porque expertos en derecho constitucional lo han dicho por
varios medios, que no procede tal resolución. Por otra parte, a nivel
regional continúan los débitos automáticos a la Gobernación despojándola
de recursos para reactivar obras paralizadas y concluirlas; aunque
hayan sido heredadas de la anterior gestión cuando la administración
Condori manejó miles de millones de bolivianos, frente a un muy
disminuido presupuesto actual, que se abre paso con préstamos de la
banca privada, mientras se tiene al frente las demandas persistentes de
una Ley del 8% para los municipios, otro 45% para las regiones
productoras de petróleo y gas, pero además hay una notoria disminución
en los ingresos de IDH, debido a la baja del carburante.
Por otro frente, está la paralización del rubro construcción que se sabe
es un indicador del desarrollo y de la buena o mala situación
económica, varios caminos, ni siquiera carreteras como en otros
departamentos del país, que están en construcción hace décadas podrán
concluirse en lo previsto por la nueva administración de Oliva, a causa
de los constantes débitos.
Una Asamblea Legislativa Departamental con graves signos de deterioro
político entre sus representantes, que a veces salen a la palestra
mediática solos o a “nombre de Tarija”, para exigir obras y criticar
gestiones, pero a su vez no concuerdan suficientemente con sus colegas
asambleístas cuando se trata de aprobar leyes urgentes y beneficiosas
para el Departamento.
Otras veces, se enfrascan de rencillas legalistas y en explicaciones que
son parte de bancadas y tienen su efecto casi inmediato en las
comisiones del Legislativo y en la falta de quórum.
Por si fuese poco la Asociación de Municipios de Tarija AMT continúa
enfrascada en intereses propios en ese nivel de Gobierno, a tal punto
que algunos alcaldes actúan por cuenta propia sin importarles mucho la
AMT, pero se los ve aliados cuando se reclama dinero por
coparticipación.
En tanto, la gente continúa sin un hospital de tercer nivel equipado
adecuadamente, donde los enfermos mueren si los familiares no se hacen
cargo de la mayoría de los gastos de medicamentos y análisis, que no se
hacen en el nosocomio por falta de una política pública inclusiva y
real, que cuide y proteja a los pacientes.
No hay una seguridad ciudadana a toda hora del día, ni patrullas ni
policías en las calles que resguarden el orden y precautelen la
integridad de las personas, porque, no se sabe exactamente, pareciera
que las herramientas de trabajo escasean.
Las calles siguen anegándose con agua y basura cuando llueve
intensamente, por falta de mantenimiento oportuno y permanente de las
bocas de tormenta. Mientras el Concejo Municipal se enfrenta al alcalde
porque dicen que se debe hacer mayor control de los gastos destinados a
proyectos y obras.
No se quieren evadir las responsabilidades enmarcadas en la normativa,
está claro que no, pero tampoco se logran consensos necesarios para
conseguir el desarrollo que se propugna en los discursos.
La planta de tratamiento de aguas residuales sigue en el largo camino de
poder ser realidad, hay buenas intenciones y también contrapesos
“maliciosos” que quieren frenar esta buena acción, porque al parecer no
va con los lineamientos políticos hegemónicos.
Es un año preelectoral y las cosas no son muy halagadoras… pero habrá
que tener esperanza y mano firme para lograr lo que Tarija necesita.