La fiscal Markelin Zambrana, ayer convocó una conferencia de prensa para explicar que esta nueva investigación, 182/2019, se refiere al tercer punto del informe de la Comisión Especial Mixta de Investigación Caso Odebrecht (EEUU)-Lava Jato Camargo Correa (Brasil). Dijo que es en función de este reporte que el Ministerio Público investiga movimientos sospechosos que no están relacionados con el ejercicio de la Presidencia por parte de Mesa.

“Remitir los antecedentes al Ministerio Público para que investigue los movimientos bancarios inusuales o sospechosos detectados por la instancia llamada por ley y se inicien las acciones legales que correspondan”, leyó la fiscal Zambrana, en referencia al tercer punto del informe de la Asamblea que fue aprobado en noviembre de 2018.

Explicó que, en el segundo punto de ese reporte, se hace referencia a cuatro personas que deben ser investigadas por el caso Odebrecht-Camargo Correa y que luego señala que también deben investigarse los movimientos bancarios inusuales de ocho personas, entre las que se encuentra el expresidente Carlos Mesa.

Mientras, el presidente Morales, en una entrevista radial, emitió respuestas cortas cuando fue abordado por el caso del excoronel Medina y afirmó que el expolicía intenta politizar su caso porque lo vincula a él afirmando que fue su abogado y también que trabajó para el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé.

El presidente, cuando estalló el escándalo, había ordenado investigar a todo el que sea necesario y sancionar a cualquier involucrado. Hasta el momento, los abogados de Medina no han presentado ninguna prueba que respalde que haya representado legalmente a Morales y a Rodríguez Veltzé.

Defensa de Mesa

El abogado de Mesa, Carlos Alarcón, indicó que la acción de la Fiscalía fue una maniobra para que el candidato de CC acepte la competencia de la Fiscalía departamental que lo citó como testigo para luego cambiarlo a sindicado y, como ya había reconocido la competencia, perdería el juicio de privilegio que le corresponde.

“Entonces ya no hubiera podido acogerse a juicio de responsabilidades porque ahí tendría que actuar el fiscal general, el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Legislativa. Eso es lo que han querido eludir con esta trampa”, argumentó Alarcón.

La fiscal Zambrana explicó que fueron 15 cuentas del expresidente las que remitieron los asambleístas y que forman parte de este nuevo caso. El monto menor de esos movimientos bancarios inusuales es de $us 5.000 y el monto mayor es de $us 30.000. Este último monto coincide con la cifra transferida por el excoronel Medina a Mesa por la compra del departamento de sus padres.

Asimismo, afirmó que estos movimientos bancarios se realizaron entre 2007 y 2009, periodo en el cual Mesa ya no era presidente y, por tanto, se puede investigar en el ámbito ordinario de la justicia y no a través de un caso de corte. Explicó que investigan una a una las transacciones reportadas por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

También informó de que, por este caso, ya fueron a declarar tres personas, que son depositantes de dinero y no exautoridades. Carlos Mesa fue el primero de los ocho ciudadanos nombrados por el informe de la Asamblea.

Luego adelantó que hoy se presentarán a declarar otras dos personas, una de ellas es la expareja del coronel Gonzalo Medina, Blanca Hinojosa, que debe hablar en calidad de testigo. También explicó que esperarán su arribo desde Santa Cruz de la Sierra para confirmar la hora de su comparecencia.

El inicio

El abogado constitucionalista Iván Lima explicó que la Fiscalía se encuentra en una investigación previa y que lo único que hizo fue citar al expresidente como testigo; luego de concluir las investigaciones será ese mismo ente el que defina si corresponde pedir autorización a la Asamblea para iniciar un juicio de responsabilidades o de lo contrario se lleva adelante un juicio ordinario.

El abogado Williams Bascopé calificó como una maniobra política del Gobierno instrumentalizada desde la Fiscalía para impedir que Mesa siga en carrera electoral y explicó que el mandato de la Asamblea era investigar los nexos de Odebrecht con políticos bolivianos y no da paso a investigar cuentas de personas particulares sin ninguna justificación.