El lapso dictatorial inmediatamente anterior a la redemocratización latinoamericana empezó a ser quebrado en 1978, pero la transición efectiva hacia el régimen de libertades sólo pudo concretarse en la región en 1989. A partir de entonces, los países del área –sin considerar el atípico caso cubano– se han movido mal que bien dentro de los márgenes que ofrece la forma democrática de conformación y gestión de gobierno.

Sin embargo, a 30 años del inicio de lo que se conoce como la etapa de consolidación de ese proceso, las circunstancias políticas que se viven en la zona dan cuenta de que lo único que parece haber logrado pervivir es la lógica electoral, puesto que es evidente que otros aspectos más bien sustantivos de la democracia aún no consiguieron echar raíces.

Lo anterior significa que la condición de las democracias vigentes en las naciones de América Latina sigue centralmente expresada en el ritual del voto, acto que convoca cada cierto tiempo a los ciudadanos para que elijan en las urnas a quienes van a representarles en la conducción de los asuntos públicos durante un número de años que se supone debe ser limitado.

Ese formalismo, que al final se traduce en un simulacro de participación, incluso cuando acude a prácticas como el plebiscito o el referendo, neutraliza en los hechos la posibilidad del involucramiento tanto activo como plural de las personas en las decisiones de afectación colectiva y en la administración del aparato estatal o, al menos, en el control de la misma.

En otras palabras, si bien son ya 3 décadas o un poco más –dependiendo de cuál nación se trate– que esa dinámica eleccionaria se mantiene en la región con un aumento obvio de la cantidad de votantes, lo cierto es que en realidad no se puede afirmar que la democracia en esta parte del mundo esté avanzando, profundizándose. Al contrario, situaciones recientes registradas en diferentes lugares del subcontinente evidencian la presencia de preocupantes retrocesos y desviaciones.

A la utilización abierta de la violencia armada (Nicaragua y Venezuela, donde las masacres secuenciales se han normalizado), la vulneración de las reglas constitucionales (Nicaragua, Venezuela y Bolivia, donde desapareció el Estado de Derecho) y el desconocimiento de la voluntad popular (Bolivia, donde la soberanía quedó expropiada por el grupo gobernante) como recursos para prorrogarse en el poder, se suma la adopción de políticas regresivas en lo social y lo económico (Brasil, Argentina, Chile, Colombia) o el uso de un doble discurso (Bolivia, Ecuador) como fórmulas para asegurar los privilegios de antiguos y nuevos sectores dominantes.

La democracia latinoamericana está, pues, desfigurada; su deseada democratización no ha ocurrido. Tampoco hay indicios serios de que esto último vaya a suceder en el mediano ni en el largo plazos.

Más bien se tiene crecientes muestras de que la segunda década del siglo XXI está siendo portadora de un alto potencial político negativo que amenaza con la probable clausura de las libertades que todavía subsisten. Quizá el caso más dramático en estos días sea el venezolano, que ha llegado al extremo de plantearse dos caminos paradójicos y hasta hace poco inimaginables para intentar preservar la democracia: el golpe militar propio o la intervención militar extranjera.

Mientras, varios de los circunstanciales poderosos latinoamericanos continúan destruyendo la democracia incluso en nombre de ella misma, con daños de amplio espectro y larga duración que quizá podrían ser irreversibles.

Es tiempo, pues, de que la democracia vuelva a hacer carne en los ciudadanos de la región.