El abogado del Alcalde suspendido en Estados Unidos, Jared Genser, conversó con este medio de comunicación y dijo que la petición está dirigida al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del organismo internacional.

El pedido fue presentado ayer y espera que en un plazo no mayor a cinco meses (septiembre del presente año), se conozca un pronunciamiento oficial.

El jurista explicó que, de acuerdo a procedimientos, luego de recibida la petición, la ONU la revisará y la enviará al Gobierno boliviano. Tendrá dos meses para pronunciarse; sin embargo, también puede pedir una ampliación de un mes más. Ese tiempo, es decir hasta 90 días, es para el peticionario (Leyes) y para el acusado (Gobierno).

Añadió que tras recibir los documentos y pruebas que sustenten la posición de ambas partes, el Grupo de Trabajo, integrado por cinco expertos del mismo número de países, revisará el caso y darán a conocer una opinión legal.

Está previsto que el caso sea analizado en agosto, por lo tanto, el pronunciamiento oficial sería en septiembre del presente año.

El Alcalde suspendido permanece detenido en la cárcel de San Antonio desde el 30 de noviembre de 2018.

Tiene ocho procesos en su contra por presuntos hechos de corrupción en la compra de mochilas chinas, la entrega irregular de vehículos a la Policía y por la adquisición de cámaras para el proyecto “Cochabamba, Ciudad Segura”, entre otros.

La primera denuncia en su contra por Mochilas I fue presentada en abril del año pasado.



OBLIGATORIO Genser informó que el fallo del Grupo de Trabajo de la ONU es de cumplimiento obligatorio porque Bolivia firmó el Pacto Internacional de Respeto a los Derechos Civiles y Políticos de ese organismo. 

Acotó que, si por algún motivo el Gobierno no acata el pronunciamiento, “será una herramienta importante” para realizar otras acciones para defender los derechos del Alcalde y presionar a las autoridades gubernamentales para que Leyes sea liberado porque “se han violado sus derechos fundamentales”.

Informó que prevén acudir a otras instancias internacionales que defienden los derechos humanos.

La primera semana de marzo del presente año, Leyes presentó una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington.

Lo hizo a través de Carlos Peñaloza, un pastor evangélico de Virginia y Maryland. En la misiva se declaró “víctima de una terrible persecución política, por el hecho de pensar diferente al partido de Gobierno (MAS)”.

Datos

La esposa

* El abogado de José María Leyes en Estados Unidos, Jared Genser, informó a este medio ce comunicación que estaba previsto que la esposa del Alcalde, Ingrid Lazaneo, estaría presente al momento de presentar la petición en la ONU, pero no logró viajar.

* Añadió que al tener el poder dado por la familia no era necesario la presencia de la cónyuge del munícipe.

* El jurista sostuvo que también analiza presentar denuncias de otros “presos políticos” de Bolivia.



Demanda

* El domingo, la esposa de Leyes tenía que viajar a Estados Unidos, pero fue retenida por personeros de Migraciones en Santa Cruz.

* La asambleísta cochabambina de Demócratas Lineth Villarroel dijo ayer que Lazaneo presentará una denuncia ante instancias internacionales porque fueron vulnerados sus derechos al haber sido intervenida cuando estaba a punto de viajar para cumplir una gestión para buscar la libertad de su esposo.

* Desde el domingo, parlamentarias de ese partido opositor la “arropan” y acompañan. 

La Alcaldía denuncia penalmente a munícipe suspendido por Mochilas III

La Alcaldía de Cochabamba demandó penalmente al alcalde suspendido, José María Leyes, por el caso denominado Mochilas III, informó ayer el secretario general del Municipio, Mario Olguín.

Indicó que la querella fue presentada en el Ministerio Público.

La denuncia principal por la supuesta compra irregular de mochilas chinas para la gestión 2016 fue interpuesta el 10 de diciembre de 2018, luego de detectar al menos 36 irregularidades. La acusación incluye al alcalde Leyes y a 13 actuales y exfuncionarios de esa institución.

También están en la querella los representantes de la empresa Velpa SRL. Import - Export, representada por Alberto P.S. 

Según Olguín, la demanda pide la investigación del Alcalde de Cochabamba suspendido por la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes que, de acuerdo al artículo 154 del Código Penal, tiene una pena de cárcel de uno a cuatro años.

Asimismo, es acusado por uso indebido de influencias, delito que tiene una pena del tres a ocho años y una multa de 100 a 500 días, según el artículo 146 del Código Penal.

"Ya el Gobierno municipal estaba apersonado como víctima del proceso y se están realizando diligencias investigativas. En este criterio, se prosigue todavía en esa fase", agregó.

La autoridad municipal recordó que la investigación del caso deberá establecer el "grado de participación específica" de cada uno de los denunciados para llegar a un juicio oral.

En diciembre del año pasado, el gerente departamental de la Contraloría General del Estado (CGE), Juan Carlos Guerra, presentó la denuncia contra el Alcalde y otros 13 servidores públicos.

Leyes tiene una audiencia hoy para buscar su libertad.