Ambos coinciden, y esto es fundamental, en su adhesión al sistema democrático y en la necesidad de reinstitucionalizar el Estado para ponerlo al servicio de la ciudadanía y no como un fin en sí mismo, visión que como una vez más se ha podido comprobar con el MAS, sólo conduce al autoritarismo y el culto a la personalidad.

De ahí en más mantienen muchas divergencias que validan las razones para lanzar sus propias candidaturas (es decir, no responden a intereses espurios) y que en tiempos de normalidad permitirían una confrontación política democrática, de manera que la ciudadanía tuviera claras opciones de identificación para apoyar a la que crea que la interpreta mejor. Así se superaría la opción de votar por el “mal menor” que predominó hasta 2005 y retornó desde 2014, cuando el MAS y los primeros mandatarios decidieron violar sin medida ni clemencia la Constitución Política del Estado (CPE) para prorrogarse sine die en el goce del poder.

Ese deseo de prorrogarse se ha traducido, entre otras acciones, en que el MAS y las autoridades de gobierno han desconocido el resultado del referendo de 21 de febrero de 2016, cuando la ciudadanía por mayoría absoluta ratificó la prohibición constitucional de una nueva postulación de los primeros mandatarios, además de manipular normas (como las electorales) en su propio beneficio; copar el  Órgano Electoral Plurinacional (OEP); utilizar como instrumentos de represión política a la Asamblea Legislativa y al Órgano Judicial, incluyendo el Tribunal Constitucional y el Ministerio Público.

En consecuencia, no vivimos en tiempos normales, lo que exige que las diferencias entre los dos principales candidatos de la oposición -que, reitero, son válidas y no son pocas- arríen banderas para, una vez lleguen los plazos fatales marcados por las leyes electorales, hacer un frente común en contra del proyecto autoritario que encarna el binomio inconstitucional actual (y es de esperar, el último) que se siente propietario del Estado, no su inquilino como en rigor es.

A la vez, esta exigencia obliga a que sus respectivos operadores de campaña, oficiales y, sobre todo, oficiosos, traten de no hacerse daño entre sí, propósito que, como muestra la práctica, es muy difícil de cumplir. Hay muchos ejemplos,  particularmente en las redes sociales, pero también en enconadas polémicas en los medios tradicionales entre seguidores de uno y otro candidato que rápidamente pasan del debate al insulto y a la descalificación.

Me animo a insistir en que no se trata de que no haya debate entre ambas candidaturas (y también con las otras, aunque su incidencia sea, por el momento, muy reducida), más bien éste es obligatorio, sino que se lo haga dentro de un marco de respeto, sin infringir ofensas innecesarias, que, a futuro, podrían obstaculizar posibles acuerdos y pactos.

Esto es más importante aún si se puede presumir que quien finalmente obtenga en el campo opositor más votos en las elecciones de octubre próximo requerirá de un amplio abanico de alianzas sea para administrar el país a partir del 2020, sea para dirigir una oposición de resistencia si el binomio inconstitucional persiste o radicaliza su actitud autoritaria y decide prorrogarse en el poder a como dé lugar. 

No debemos olvidar que no vivimos en tiempos normales,  lo que exige novedosas formas de debate…  porque no hemos perdido la esperanza de tiempos mejores.