La historia del financiamiento estatal a los partidos en Bolivia es corta. Se inicia en marzo de 1997 (gobierno de Sánchez de Lozada) con la Ley de Reforma y Complementación al Régimen Electoral. Se consagra en junio de 1999 (Banzer) en la Ley de Partidos Políticos. Y se elimina sin pena en agosto de 2008 (Morales) con la Ley corta que crea un fondo a favor de los discapacitados. Fueron 11 años de malogrado financiamiento directo. Desde entonces solo hubo financiamiento privado; hasta la LOP.

¿Cuál es el nuevo/actual modelo de financiamiento? Es un modelo mixto que combina: a) financiamiento privado con restricciones y límites; y b) fortalecimiento público (en rigor, financiamiento indirecto). El propósito, siendo declarativo, no es menor: garantizar pluralismo político, condiciones de mayor igualdad en la competencia electoral, mayor equidad en el acceso a los medios, voto informado y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. El reto ahora es pasar del principio a su realización.

El fortalecimiento público implica dos cosas para los partidos políticos: acceso a medios de comunicación en elecciones generales, y acceso a programas de formación y capacitación en años no electorales. Si se cumple la ley, en los comicios 2019 se dispondrá de hasta Bs 41,7 millones (monto asaz mayor al costo de las primarias), administrados por el TSE, para la difusión de propaganda electoral. El 60% se distribuirá entre todos bajo criterio de igualdad, y el 40% bajo criterio de proporcionalidad. Nada desdeñable.

No sabemos cómo será la experiencia inaugural del fortalecimiento público en el país. El resultado dependerá, en principio, del reglamento que debe elaborar el TSE, de las estrategias y planes de medios elaborados por los partidos políticos, y de la buena disposición de los medios masivos de alcance nacional. Así, se espera que no haya candidaturas invisibles y que la ciudadanía se beneficie de mensajes con énfasis programático. Es una buena noticia para la participación y la competencia en democracia.