Hubo otro poder de decisión expuesto en todos los textos constitucionales  que estableció la regla de alternabilidad en las funciones de gobierno, con enmienda introducida en 1995 que hizo posible la reelección de Presidente y  Vicepresidente de la República por una sola vez de manera continua. La reiteraron los ciudadanos mediante referéndum de 2016.

Se respetó esa regla con raras excepciones. Actualmente, los gobernantes están en campaña para lograr su tercera reelección. Ambos son sabedores de que esas resoluciones ordenadas por ellos, previo incumplimiento de su obligación conciencial de cumplir y hacer cumplir la Constitución, son calificadas como actos delictivos por la legislación penal.

Con carácter de expresión inobjetable del poder de decisión, las elecciones de diciembre de 2005  llevaron a las funciones de gobierno a los ciudadanos que hoy ejercen las funciones de Presidente y Vicepresidente de la República.

Ese extraordinario apoyo surgió tanto del sector ciudadano secularmente marginado, como de grupos de privilegio conscientes del derecho de  los siempre postergados  a  actuar en igualdad en el quehacer político. Todos ellos, sin duda, procedieron en ese sentido entendiendo que los electos actuarían durante su mandato con sujeción a las normas establecidas por la Constitución Política del Estado.

Está fijado para el mes de octubre del presente año el acto electoral para la renovación del poder político. En conciencia y respeto al ordenamiento legal, los candidatos  que gobiernan desde hace 13 años deben renunciar a esa aspiración arbitraria.

Los contrarios a tal ambición deben hacer conocer a los electores su plan de acción y comprometerse a cumplir a cabalidad la regla constitucional de independencia y separación de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial  que es la base esencial del régimen democrático.