“Algo está sucediendo y tiene que ver con todos”, dice la canción de Sandra Mihanovich; lo que pasa hoy en el país tiene que ver con el desprecio a la institucionalidad del Estado, ejercitado desde el poder político.

La grosera utilización del coronel Medina de parte de la diputada Susana Rivero, “pleitista de ocasión” (el MAS cambia de pleitista cuando se le agota un tema), para denostar a Mesa, muestra hasta dónde el poder es capaz de armar un relato para sacarse de encima el mal momento que vive.

Se sabe que Carlos Mesa recibió en su cuenta personal el pago por una casa que su padre había vendido en Oruro. El que pagó la cuenta fue el coronel Gonzalo Medina, el del último escándalo por narcotráfico; ahora hasta la Fiscalía General anuncia que se va a meter en el asunto. Si bien hay que reconocer que Mesa no explicó bien el tema y que ahí puede haber hasta un intento de evadir impuestos, yo me atrevería a decir que es imposible encontrar relación con el narcotráfico, que es lo que busca el Gobierno para zafar de sus propios entuertos. Reitero, lo de Mesa es una acusación que raya o se posiciona en lo político y lo del MAS, con relación al mismo personaje (Gonzalo Medina) raya en lo delictivo. Esa es la diferencia.

Mesa vendió la casa a Blanca Grimaresa Hinojosa Imanareco, pareja de Gonzalo Medina, quien hizo el depósito que genera la forzada duda; ese hecho causa la polémica en la que el expresidente se embarulla por no salirle al frente de una vez por todas. Y digo, no es raro que la pareja haga el depósito de una casa donde vivirían ambos y su hijo pequeño (nació en mayo de 2007).

Por otro lado, la sugerencia de Susana Rivero de que Medina ya estaba en narcotráfico en 2011, solo con el interés de poner a Mesa bajo sospecha, es un bumerán contra el propio Gobierno. Ese hecho plantea que, si Medina estaba en ese negocio ilícito desde la “compra del departamento”, tenemos que preguntar en qué manos está la responsabilidad de la lucha contra el narcotráfico, si un oficial de carrera pudo burlar (si acaso no lo sabían y miraban para otro lado) al Estado/Gobierno durante tantos años, todos ellos en el periodo de Evo Morales, único responsable del tema; consecuentemente, todo apunta a su Gobierno.

Por los antecedentes de Medina, que fue partícipe de los hechos de ‘Febrero Negro’ y fue procesado por sedición a causa de ellos, probablemente, Morales y su lógica insurrecta premiaron al “rebelde” con cargos importantes y con licencias varias para actuar “a piacere” en busca de su progreso personal.

¿Pudo Medina haber tenido que ver con el narcotráfico desde el 2009? Pudo. En el caso de la investigación a David Tufiño Paz, la fiscal Sandra Villafuerte refiere que Medina tenía que “declarar respecto al derecho propietario del inmueble que ocupa”. No se dijo más, pero esa es una referencia de por dónde pudo estar rondando Medina.

Tufiño fue investigado por narcotráfico y por homicidio de dos jóvenes que nunca aparecieron. Eso no termina ahí, más bien parece comenzar, sobre todo si hoy se comenta que el policía al que se le encargó la investigación es el capitán, Fernando Moreira, mano derecha de Medina en lo policial.

Curiosamente, Moreira se casó con Esther ‘Guiguita’ Arteaga, esposa de David Tufiño Paz, o sea, con la sospechosa a la que investigó; aquí hay que preguntarse si, además de la esposa del acusado, también se quedó con su negocio.

Sobre esto es sobre lo que debe rendir cuentas el Gobierno del MAS. Fernando Moreira, ‘Guiguita’ Arteaga, Gonzalo Medina, Robin Justiniano (hijo del coronel y también involucrado en narcotráfico) pudieron haber armado una verdadera red de corrupción, antes de que Medina sea nombrado encargado de la FELCC y ratificado en varias ocasiones; el cargo le dio más poder e impunidad.

De eso se trata. Tiene que ver con todos y no puede quedar en anécdota política, sino en un caso verdaderamente policial. Alguien en el Gobierno debe ser el responsable. ¿Sacrificará Morales a alguien de su entorno o esperará el resultado de la encuesta propia?