Este deterioro del sistema de Gobierno se hace evidente en Venezuela y en Nicaragua. En ambos países hay presidentes que ya cumplieron con creces sus periodos constitucionales de mandato, pero los dos se resisten a dejar el poder y no escatiman el uso de la violencia para lograrlo. En estas dos naciones hay muertos, que ya se cuentan por centenas, hay presos políticos y exiliados, que buscan fuera de su patria la tranquilidad y las oportunidades que no hallan en su propia tierra.

También se desportilla la imagen de la democracia de EEUU, cuando se ve que en uno de los países que hacía gala de libertad y de respeto a los derechos, hubo elecciones en las que se manipuló a la ciudadanía votante, a través de redes sociales e inteligencia artificial, utilizando vergonzosos recursos para favorecer a un candidato, que ahora es el presidente.

Sin ir más lejos, en Bolivia también se han alterado principios democráticos fundamentales: la independencia de poderes o la sucesión presidencial con base en el respeto a los preceptos constitucionales, entre otros asuntos. También nuestro país tiene ciudadanos autoexiliados, tiene presos políticos (acusados y apresados sin sentencia desde hace más de 10 años); también se aprueban normas que benefician al poder, aunque no estén en sintonía con la voluntad mayoritaria.

Pero no todo es culpa de los poderosos de turno, también es responsabilidad de los ciudadanos. Primero, porque con la votación permiten mayorías absolutas en los órganos legislativos del Estado (en todos los niveles de Gobierno), impidiendo los pesos y contrapesos que ayudarían a lograr un equilibro y fiscalización. Segundo, por la indolencia frente a hechos de corrupción, atropellos a los derechos fundamentales y frente a una serie de conductas que mantienen indiferente al ciudadano, que pareciera esperar que la solución llegue por arte de magia.

El Diccionario de la Real Academia Española señala que democracia es una “doctrina política según la cual la soberanía reside en el pueblo”. Probablemente, lo que está faltando es que la ciudadanía tome conciencia del poder que tiene, a fin de que no se deje seducir por los discursos envolventes, sino que sea capaz de elegir con responsabilidad, con la razón más que con el corazón, así como tener la fuerza de exigir el respeto a las leyes, la idoneidad en la función pública y el resguardo de los derechos fundamentales.