“Nosotros no hemos hecho acoso y violencia política, no hemos discriminado, sino lo que hemos hecho es cumplir con nuestro reglamento (del Concejo)”, aseguró Marco Terrazas, presidente de la comisión de ética del Concejo Municipal de ese municipio.

En diciembre de 2018, Apaza denunció que era víctima de acoso  político   de sus pares oficialistas del Concejo, porque no le informaban de las sesiones  que efectuaban y que, además, las realizaban en lugares  lejanos.  Por ese motivo la concejala dijo que se compró una moto para “perseguir” a los concejales y poder asistir a  las sesiones.

Según la concejala, el acoso político empezó luego de que ella denunciara uso indebido de bienes del Estado contra sus colegas, porque supuestamente  usaban la camioneta del municipio con fines particulares.

El presidente del Concejo, Hugo Zárate, dijo que Apaza “maneja informaciones falsas”. “Concretamente dice una denuncia sobre el uso indebido del Estado. La justicia ha determinado que no es suficiente lo que ha denunciado”.

A su vez, la concejala Benita Carlo  manifestó: “Cuando yo era presidenta del Concejo, yo  más bien recibí discriminación de  parte de ella. Me decía que era ignorante, que solo sabía pastar ovejas, porque yo era de provincia”.

El 22 de abril  notificaron a Apaza, a través de una nota,   que  el Concejo Municipal de su localidad dispuso su “suspensión definitiva”  por “abandono injustificado de funciones e inasistencia a sesiones ordinarias, extraordinarias y de honor”.

Terrazas, presidente de la comisión de ética, manifestó  que se aprobó la suspensión porque Apaza incurrió en 14 faltas: una  en 2017 y 13 en 2018. “En el reglamento indica que cuando (un concejal) abandone injustificadamente por más de cinco días continuos y 10 días descontinuos en el año (es suspendido)”, afirmó. 

 Terrazas sostuvo que  las faltas se deben a que la concejala “viene constantemente a La Paz (por tanto) no sabe si está publicada la convocatoria; recurre a los policías, ellos son testigos, a los vecinos del municipio y dice ‘por favor fijámelo si está pegado o no’”.

El 24 de abril, la Asociación de Concejalas de Bolivia indicó que Apaza tiene el “respaldo” de esa institución y calificó de “ilegal” su suspensión.

Un día antes, el 23 de abril, Florencia Laruta, vocal del Tribunal Electoral Departamental de La Paz, afirmó que si Apaza denunció  acoso político,  no se habilitará a su suplente.