"Por eso llegamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de la Relatoría de la Libertad de Expresión, para que el Gobierno pueda comprender la magnitud de la agresión económica y financiera que se estaba registrando", sostuvo el director ejecutivo de la ANP, Franz Chávez.

Cada 3 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa, declarado en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, siguiendo la recomendación de la Conferencia General de la Unesco.

Para muchos constituye en un día para celebrar los principios fundamentales de la libertad de prensa; para evaluar la situación de la libertad de prensa en el mundo y para defender los medios de comunicación de los atentados contra su independencia

En Bolivia, el Gobierno ha incorporado en 15 leyes y un Decreto Supremo disposiciones para obligar a los medios a la difusión gratuita de publicidad, lo que atenta a dos principios básicos, dijo Chávez.

Esta semana, el presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y el ministro de Comunicación, Manuel Canelas anunciaron que mediante otra norma suprimirán esta obligatoriedad.

"Si bien esto es un avance, en lo que estas leyes corrigen ocho años de pérdidas constantes y continuas que han registrado los medios de comunicación privados", afirma.

Chávez añadió que la ANP se preocupó fundamentalmente por las consecuencias de estas medidas, en primer lugar porque afecta la libertad de expresión.

Por otro lado, porque constitucionalmente está prohibido que cualquier persona sea obligada a prestar un servicio de manera obligatoria sin recibir retribución alguna. "Son los dos principios básicos que la ANP ha defendido".

 Un informe de América Latina

Desde Quito, Ecuador, ocho organizaciones internacionales de Derechos Humanos que conforman las Voces del Sur (VDS) presentaron el informe sombra sobre Libertad de expresión en América Latina. El reporte recoge 734 agresiones a la prensa en ocho países en 2018.

El informe establece que los ataques contra la prensa continúan siendo frecuentes, especialmente en manifestaciones o eventos políticos. Los periodistas todavía son objeto de intimidación o procesos judiciales abusivos, la mayoría cuando reportan sobre temas de interés particular de políticos en funciones o electos.