Ayer, 3 de mayo, a instancias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se celebró el Día Internacional de la Libertad de Prensa, un derecho conculcado de diversas formas, mucho más en los países latinoamericanos donde las libertades y los derechos humanos enfrentan grandes desafíos y amenazas.

Como dijo Thomas Jefferson, autor principal de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, en 1776: “Prefiero una prensa sin Gobierno, que un gobierno sin prensa”. Es que no es posible concebir la democracia como sistema de Gobierno sin una prensa libre e independiente.

La prensa es y será siempre el medio fundamental para que los ciudadanos obtengan información sobre los asuntos del Estado que afectan sus intereses. Ese rol insustituible conlleva, necesariamente, una fiscalización sobre el poder público en todas sus formas y contextos.

La libertad de prensa no es un derecho exclusivo de periodistas y medios de comunicación. Es un derecho fundamental que pertenece a la sociedad en su conjunto, pero que ejercen profesionalmente los comunicadores. La libertad de prensa es más específica que la libertad de expresión, otro derecho fundamental, que es mucho más amplio y que atañe al derecho de todos los ciudadanos a decir su palabra y dar a conocer su pensamiento sin restricciones de ningún tipo.

Toda sociedad que se llame democrática debe establecer los mecanismos institucionales y políticos para proteger la libertad de prensa, situación que se ha demostrado frágil e insuficiente especialmente en América Latina.

Más de 30 periodistas fueron asesinados solo en 2018 en la región durante el ejercicio de su profesión. La acción de los cárteles de la droga, de las bandas delictivas y de funcionarios corruptos está detrás de la mayoría de estos crímenes.

En Bolivia, tenemos una asignatura pendiente para resguardar y defender la libertad de prensa. Si bien este derecho está plenamente vigente, organizaciones internacionales alertaron sobre la “asfixia económica a los medios”. Al respecto, hace unos días el Gobierno ha dado una buena señal al prometer la anulación de la obligatoriedad de difundir propaganda oficial gratuita en los medios. Hay que seguir avanzando para proteger este derecho de todos, por el bien de la democracia y de los ciudadanos.