Ese es el caso de la empresa mexicana Neurona Consulting que, según información oficial proporcionada por el Ministerio de Comunicación, se habría adjudicado contratos por un valor que, sumadas todas las cifras, llegan a la bonita suma de Bs 12.461.000; es decir, 1.790.373,56 dólares.

¿Cuáles fueron las maravillas que hizo Neurona para recibir semejantes pagos? Las auditorías que, según información oficial, ya está practicando la Contraloría General del Estado a sus contratos nos proporcionarán un detalle. Por ahora, se sabe, en líneas generales, que trabajó en “piezas para plataformas digitales”, la campaña sobre la demanda marítima y produjo un documental que se estrenó recientemente en medio de críticas a su contenido.

Lo del trabajo para plataformas digitales nos refresca el escándalo sin resolver de la tristemente célebre unidad que creó el Ministerio de Comunicación para que el gobierno tenga presencia en las redes sociales. Por una parte, se trata de un abuso de poder, por cuanto lo que hacen las personas que dependen de dicha unidad es defender al partido en función de gobierno, y, por otra, salta a la vista su inutilidad por la profusión de errores ortográficos y gramaticales que pueden encontrarse en sus mensajes.

La demanda marítima no necesita comentario. Los desastrosos resultados en la Corte Internacional de Justicia hacen necesario revisar incluso los gastos que fueron necesarios para ese proceso. Si se procede así con lo principal, se debe actuar con mayor rigurosidad con lo accesorio. Y lo necesario en este tema es una pregunta lógica: Si el proceso se seguía ante un tribunal internacional, ¿para qué se hizo campaña? ¿Se quería influir en los jueces? De ser así, los mensajes debieron difundirse en La Haya y no en nuestro país porque aquí no es necesario convencer a la gente de lo justiciera que es nuestra reivindicación marítima.

Existe un contrato sobre el que sí se conoce su cuantía: el que se firmó para la producción de un documental cuya difusión se está limitando a las redes sociales, por lo menos por ahora. Su título es “El robo” y su subtítulo “cuando las leyes se escribían en inglés”. Costó 783.000 Bolivianos y hasta ahora no queda claro cuál fue su objetivo.

Lo que se empeña en demostrar ese producto audiovisual es que la capitalización fue un robo que le costó al país más de 21.000 millones de dólares y sus ejecutores fueron Gonzalo Sánchez de Lozada y quienes trabajaron o tuvieron alguna relación con él. ¡Tremenda novedad! Para confirmar eso, es suficiente revisar los periódicos que, sin importar sus supuestas tendencias, informaron abundantemente del tema, particularmente cuando se firmaban los contratos con las empresas que se favorecían con ellos.

Al margen del objetivo público del documental, lo que se puede advertir claramente al verlo —pues se encuentra disponible en Youtube y otras plataformas— es que, más que un producto periodístico, “El Robo” es un instrumento propagandístico para el gobierno y se ha pagado con dinero del Estado. Por tanto, su título es más que apropiado.

Y cuando ya nos quedaba claro que Neurona fue favorecida por el actual gobierno, uno de sus representantes publica mensajes y fotos que lo confirman plenamente. A confesión de parte, relevo de prueba. Es, definitivamente, falta de neuronas.