Integraron la comitiva la senadora Carmen Eva Gonzalez, el expresidente de la Unión Juvenil Cruceñista asilado en Brasil, David Sejas, y la activista de Las Calles Bolivia, María Anelín Suárez.
El líder cívico entregó al Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil el pedido que recoge el sentir mayoritario del pueblo boliviano, que lucha por no retroceder en sus conquistas civiles, políticas y democráticas, y por impedir la consolidación de un régimen dictatorial. 
La solicitud es que Brasil eleve una solicitud de opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a fin de que esta determine si la reelección presidencial perpetua es un derecho humano, “amparado” por el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por encima de las limitaciones a mandatos establecidas en nuestra Constitución y de la voluntad soberana expresada en el referéndum nacional del 21 de febrero de 2016, cuando Bolivia dijo NO a modificar la CPE en lo que respecta a la reelección presidencial.
“Nos atrevemos a realizar este pedido porque consideramos que el Estado de Brasil, en su calidad de mediador y garante del acuerdo político arribado en Bolivia que derivó en la aprobación Congresal para la modificación de la Constitución Política del Estado del 2009, ha asumido una responsabilidad institucional con el pueblo boliviano, para contribuir a hacer respetar nuestra Carta Magna”, indicó Camacho a tiempo de entregarle una misiva a la autoridad brasilera donde se fundamenta el pedido y se hace un recuento de los principales hechos que derivaron en la actual situación de la democracia boliviana.
“El actual gobierno, que el año 2006 ascendió al poder con una votación popular elevada; desde entonces, sistemáticamente viene generando una ruptura en el régimen democrático con el afán de perpetuar a las mismas personas en el poder”, señala.
Esta realidad se evidencia cómo el presidente Evo Morales, acompañado por el vicepresidente Álvaro García Linera, fueron habilitados como candidatos a su tercer mandato por el periodo 2015 – 2020 mediante una interpretación legislativa amañada de la normativa constitucional, validada por una resolución espúrea del Tribunal Constitucional Plurinacional que ignoró la prevalencia del artículo 168 de la Constitución Política del Estado. 
El pasado año los actuales mandatarios bolivianos decidieron postular a un cuarto mandato, atropellando además de lo previsto en la Constitución, la voluntad popular manifestada mediante un referéndum nacional vinculante, realizado el 21 de febrero del 2016, en la que se consultó a la ciudadanía si estaba o no de acuerdo con la reelección indefinida de los máximos gobernantes y el NO obtuvo una votación mayor al 51%.
Camacho explicó que pese a dicha decisión popular del referéndum, el Tribunal Constitucional, con otra tergiversada interpretación, esta vez de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, a través de la Sentencia Constitucional N° 084/2017 falla que el artículo 23° de la Convención es de aplicación preferente a la limitante constitucional de la reelección por una sola vez de manera continua, habilitando de esa manera a todas las autoridades a la reelección indefinida.
Sobre este punto, la Comisión de Venecia, en su informe sobre los límites a la reelección Parte I – presidentes, aprobado en su 114° sesión primaria de marzo de 2018, se ha pronunciado en el entendido de que la reelección no es un derecho humano.
Asimismo, se le explicó al Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil la persecución penal existente en nuestro país contra los opositores.
“Un Estado sin independencia de poderes, por definición no puede ser un Estado democrático y en Bolivia se cuenta con numerosos hechos concretos que evidencian que todos los órganos del Estado, están a merced de las decisiones del Ejecutivo”, dijo el líder cívico.
Añadió que el Comité pro Santa Cruz, junto a plataformas ciudadanas y otros sectores de la sociedad civil, realizamos numerosas actividades de calle, entre ellas una campaña de recolección de firmas que recabó más de 100 mil firmas pidiendo que, en aplicación a lo previsto expresamente en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Secretario General de la OEA plantee una consulta a la Corte Interamericana, para que esta desarrolle una interpretación del artículo 23 de la Convención. La solicitud fue entregada en marzo del 2018.
“Desafortunadamente a la fecha, más de un año del pedido, no hemos tenido respuesta por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pese a que su oportuna respuesta puede contribuir enormemente a mantener el Estado de Derecho y el régimen democrático en Bolivia”, acotó.
Ante esta situación se buscó otros mecanismos para obtener esta respuesta oportuna por parte de la Corte Interamericana y por ello “nos permitimos realizarle esta solicitud en su calidad de Ministro de Relaciones Exteriores y por su intermedio al Gobierno de la República Federativa del Brasil, Estado garante de nuestra Constitución y miembro de la OEA, como también se lo ha solicitado al Gobierno de Colombia”.
Para este efecto, activistas del 21F organizados en plataformas ciudadanas iniciaron una cruzada nacional, que la institución cívica está acompañando con el objetivo de recabar medio millón de firmas ciudadanas en respaldo al pedido de respetar el voto ciudadano del Referéndum del 21 de febrero de 2016; firmas que serán entregadas en los próximos días al expresidente de Colombia, Andrés Pastrana Arango, quien aceptó ser el embajador de este movimiento denominado por la ciudadanía 21F.