Esta fue la posición que asumió el canciller de este país, Ernesto Fraga Araújo, tras una reunión con representantes bolivianos.

Encuentro. El presidente el Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, junto a la senadora opositora Carmen Eva Gonzales,  además del expresidente de la Unión Juvenil Cruceñista actualmente asilado en Brasil, David Sejas y la activista del 21F, Anelín Suárez, se reunieron ayer con el diplomático brasileño en el Palacio Itamaraty de Brasilia.

En el encuentro, el líder cívico exhortó a Brasil como país garante de la Constitución Política del Estado (CPE), realice la consulta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre la interpretación del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), referente a la reelección que pretenden Morales y García.

Después de 45 minutos de reunión, el diplomático brasileño afirmó su compromiso de enviar la consulta y de hacerlo de manera inmediata.

"Se le expuso la documentación y fundamentación respecto a la necesidad que tenemos como bolivianos, afortunadamente hemos recibido el compromiso del canciller y ojalá sea más rápido para que los bolivianos podamos tener una respuesta antes del proceso eleccionario de octubre", manifestó el líder cívico.

Denuncias. Asimismo, Camacho explicó al ministro Ernesto Fraga Araújo, la persecución penal existente en nuestro país contra los opositores. "Un Estado sin independencia de poderes, por definición no puede ser un Estado democrático y en Bolivia se cuenta con numerosos hechos concretos que evidencian que todos los órganos del Estado, están a merced de las decisiones del Ejecutivo", dijo el líder cívico.

20 de octubre
Es la fecha definida para las elecciones generales de Bolivia.

Carta al canciller

Mediante la presente misiva me permito dirigirme a su autoridad y por su intermedio al Gobierno de la República Federativa del Brasil para fundamentar y realizar un pedido que recoge el sentir mayoritario del pueblo boliviano, que lucha por no retroceder en sus conquistas civiles, políticas y democráticas, y por impedir la consolidación de un régimen dictatorial. (...)

En ese sentido y para fundamentar esta solicitud me permito hacer un recuento de los principales hechos que derivaron en la actual situación de la democracia boliviana, la misma que hoy se encuentra bajo la más grave amenaza desde que la recuperamos de manos de las dictaduras militares, el 10 de octubre de 1982.

La utilización del Órgano Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional para fines políticos es algo recurrente en este gobierno. Retrocediendo un poco en el tiempo nos permitiremos hacerle un breve resumen de la persecución penal existente. 

La detención del exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, el 16 de septiembre del 2008, uno de los principales líderes políticos, fue el inicio de una persecución a opositores y dirigentes institucionales.

Otro ejemplo y el más claro a la hora de demostrar esta persecución penal con fines políticos, es el proceso denominado “caso Terrorismo”, que el gobierno inició el 16 de abril de 2009, cuando al realizar un operativo policial en un hotel céntrico de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, “Hotel Las Américas”, en el que según versión oficial, se abatió una presunta célula terrorista conformada por extranjeros y bolivianos que buscaban -según fuentes gubernamentales- asesinar al primer mandatario; enseguida la versión fue cambiada a que este grupo buscaba la división del país. En el operativo policial pierden la vida dos ciudadanos extranjeros y un boliviano, asimismo se detienen a otros dos extranjeros. El fiscal asignado al caso Marcelo Sosa, fue quien encabezó la investigación con cientos de citaciones para todos los líderes que se oponían de una y otra manera al partido oficialista. Producto de este proceso penal otro importante líder opositor y expresidente del Comité pro Santa Cruz, Branko Marinkovic, junto a dos exgerentes cívicos y decenas de personas tuvieron que declararse en la clandestinidad, abandonar el país y solicitar refugio. El ex segundo vicepresidente de nuestra entidad, Zvonko Matkovic Ribera, se encuentra con arresto domiciliario tras casi 8 años de detención preventiva, sin resolución judicial, contraviniendo la normativa en vigor en su relación a los tiempos que rigen.

El exfiscal Marcelo Soza, quien fue encargado de la mayor parte de la investigación de este caso, hoy se encuentra prófugo de la justicia boliviana y con refugio aquí, en Brasil. Él mismo ha declarado los abusos y la manipulación que se realizó a la investigación por instrucciones directas del gobierno nacional. 

Los derechos de los acusados, a los que no se les permitió un debido proceso, fueron violados en reiteradas oportunidades, esta causa judicial luego de 10 años aún continúa abierta y dos ciudadanos bolivianos, Alcides Mendoza y Juan Carlos Guedes, permanecen aún detenidos preventivamente. 

Otro hecho constatable de persecución penal con fines políticos se da cuando la Asamblea Legislativa Plurinacional aprueba la Ley Marco de Autonomías y en su interior incorpora dos artículos que permiten la suspensión temporal en sus funciones de autoridades electas que se encontraran con acusación formal en su contra. Con esta Ley y la subordinación del Ministerio Público, más de 100 autoridades electas democráticamente fueron suspendidas, la gran mayoría por procesos penales que no fueron concluidos pero que permitieron al gobierno suspenderlos de sus funciones. Dos años después de su promulgación, ambos artículos fueron declarados inconstitucionales, pero la ley sirvió para consolidar la persecución penal y desarticular toda oposición política que se oponía a la implementación de sus medidas.

Actualmente hay muchos más procesos abiertos a opositores políticos y dirigentes institucionales, este mecanismo de persecución obligó al exilio al exgobernador del departamento de Tarija, Mario Cossío, asilado en el Paraguay y al exsenador fallecido, Róger Pinto, que gozaba de asilo en su país, ambos líderes políticos de gran relevancia.

Los antecedentes indicados dieron lugar a que muchos bolivianos, agotando la vía judicial interna, recurran a instancias internacionales, principalmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Existen hoy varias demandas interpuestas por las víctimas de estos y otros procesos penales promovidos con fines políticos. Estas denuncias abarcan ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso a ciudadanos extranjeros, nacionales e incluso exdignatarios de Estado. 

Toda esta judicialización de la política sumada a escandalosos casos de corrupción, narcotráfico y el intento de perpetuarse en el poder han generado un fuerte desgaste en el seno del partido del presidente Morales y en la credibilidad que el pueblo boliviano había depositado en él.