El año empezó con la toma de juramento, el 4 de enero, de los nuevos altos magistrados del Órgano Judicial. Los nuevos jueces traían el estigma de que su elección fue fruto de solo un tercio del electorado; así, la tarea que ellos mismos se imponían era “revertir la poca legitimidad” con la que estaban asumiendo sus funciones. Aún están en esa labor.

2018 también comenzaba con el polarizante fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) (la sentencia 0084/2017, del 28 de noviembre de 2017) que habilitaba a la repostulación indefinida a todas las autoridades electas, el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García, en primer lugar. Como se sabe, esto todavía tiene larga tela que cortar, no tanto en el tema legal, sino en la cuestión de la legitimidad.

Otra decisión en enero de 2018 que alcanza hasta nuestros días es la que tomó el presidente Morales al abrogar el nuevo Código Penal (promulgado apenas hace un mes, en diciembre de 2017); tal como dijera a Animal Político el entonces presidente del Senado, José Alberto Gonzales, volver a empezar un nuevo texto sería muy complejo. A casi un año, y luego de que la misma oposición habló de su “propia propuesta”, a la fecha no hay nada.

El 25 de febrero, en el suplemento también se anunciaba el inicio de trámite de referéndums revocatorios de alcaldes, concejales y gobernadores; había hasta 124 procesos habilitados; en realidad se trataba de la autorización para que los impulsores de la consulta reúnan el número de firmas necesario para que se autorice dicha votación; si bien la expectativa fue grande, después casi todos los procesos fracasaron. Lección: hay que revisar la viabilidad o forma de los referéndums revocatorios.

Otro hecho que marcará luego la relación entre Bolivia y Chile fue que en marzo asumió por segunda vez la presidencia Sebastián Piñera, de la centroderecha chilena. Una vez que el fallo de La Haya estaba previsto para este año (como en efecto sucedió el 1 de octubre), todo se debía preparar para negociar con Piñera, esto en la medida en que la Corte dispusiera dicha negociación; lo que no ocurrió. Con todo, en los meses posteriores a los alegatos, en el país había la firme convicción de que la CIJ abriría el diálogo, de ahí que en el suplemento se exploró los distintos escenarios de acercamiento con Chile. El razonamiento del abogado español Remiro Brotóns, por ejemplo, era que habiendo un litigio, una cuestión pendiente, como señaló la CIJ en su fallo preliminar, “todos los escenarios han de abocar a la negociación si se desea cerrar el litigio” (domingo 1 de abril).

El 3 de abril, el jurado civil en Fort Lauderdale declaró responsables a Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín de las ejecuciones extrajudiciales en la masacre de 2003. En apenas dos meses, el 30 de mayo, el juez James Cohn, de la Corte de Distrito de Florida, revirtió dicho fallo: no encontraba evidencia de la citada responsabilidad. El caso se encuentra en apelación. 

En mayo estaba en su punto más alto el conflicto entre Chuquisaca y Santa Cruz por la “propiedad” del campo Incahuasi. A propósito de la disputa por la renta petrolera que esto significaba, el suplemento recordó cómo en la Ley Marco de Autonomías ya estaba previsto un Fondo de Desarrollo Productivo Solidario, un “chanchito-alcancía” que se debía alimentar con “las recaudaciones adicionales” del IDH, esas que no se habían presupuestado a principios de año y que surgían por el aumento del precio de los hidrocarburos; se recordó cómo todos, en momento de vacas gordas, se habían “olvidado” de este mecanismo y que nadie ahorró.

El 20 de mayo, el papa Francisco anunciaba el nombramiento como cardenal de monseñor Toribio Ticona Porco (Potosí, 1937). Consciente de ser el tercer cardenal boliviano y el primero indígena, en entrevista con el suplemento, el nuevo purpurado decía que “el Señor ya está inspirando a Evo”, y que “yo voy a estar más cerca de Evo (que el cardenal Julio Terrazas); es mi amigo”.

En los primeros días de junio se promulgó el decreto que da mayor autonomía de gestión a la Comisión de la Verdad. En el suplemento se destaca este “salto operativo” o administrativo de dicha instancia (creada el 21 de agosto de 2017), pero no se deja de señalar algunos problemas de la Comisión, la renuncia del comisionado Eusebio Gironda, por ejemplo, que se fue por tener “horario completo” en la UMSA. La Comisión tiene para terminar su trabajo hasta enero de 2020, pues se le amplió el plazo a dos años y medio.

También en junio, Animal Político destacó la aplicación por primera vez en el país de la llamada Encuesta Mundial de Valores, esa que se desarrolla en 60 países desde hace 40 años. La encuesta hizo un descubrimiento llamativo: siendo altamente “comunitarios”, los bolivianos somos sumamente desconfiados, entre nosotros mismos y ante lo otro.

En lo relativo a la demanda que Chile interpuso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en estas páginas (el 17 de junio) se enfatizó que el argumento técnico chileno era su insistencia en que el Silala es un “sistema” hídrico, para decir que es compartido; por su lado, el excanciller Javier Murillo apuntaba que el país debiera remarcar que dichas aguas no fluyen sino que, en rigor, son “transportadas”. El proceso está en los alegatos escritos: Chile debe presentar el suyo el 15 de febrero de 2019, y Bolivia, el 15 de mayo. 

A mediados de año, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto del Ley de Organizaciones Políticas; en el suplemento se destacó que uno de sus mayores avances es que incorpora penas contra la violencia política hacia las mujeres dentro de los partidos políticos. En este aspecto, la norma aún debe ser objeto de reglamentación.

Desde este suplemento (el 1 de julio) se planteó revisar también, en la relación con Chile, la cuestión del desvío artificial del río Caquena, un curso de agua contiguo, es decir, que se usa como límite entre dos países.

Siendo presentado a fines de junio, el Informe Mundial de Drogas, en la edición del 29 de julio de Animal Político se destacó el énfasis que puso el Informe que en 2018 aumentó sin precedentes el cultivo, producción e incautaciones de opio y cocaína; en el país, en 2016 había acabado el ciclo de sostenida reducción de hectáreas de cultivo de coca.

En agosto se avecinaba la designación del nuevo Fiscal General del Estado, se estaba en pleno proceso de selección; desde las páginas del suplemento se llamaba a construir la autonomía del Ministerio Público; o sea, que no se trataba solo del cambio de la cabeza, sino de la estructura.

El 2 de agosto se conocía que Evo Morales y Álvaro García habían renunciado al secreto bancario; en el suplemento se apuntaba que acaso éste iba a ser un nuevo factor en el quehacer político, ya que tras los mandatarios les siguieron en dicha renuncia varios ministros y diputados del oficialismo y uno que otro de la oposición; incluso se propuso que para ser candidato se haga esta renuncia, pero se tendría que cambiar la ley, pues esto es voluntario.

En septiembre se conocía la aprobación a marchas forzadas de la nueva Ley de Partidos Políticos, de cómo se introdujo las elecciones internas, más conocidas como “primarias”, en los partidos. En el suplemento se destacó cómo la ley estaba siendo incidida en uno de sus fundamentos: su aplicación progresiva. Ya en octubre, en el suplemento se advirtió del riesgo de que las primarias en últimas se conviertan en meras proclamaciones de candidato único. También hay que recordar que en todo el año diversos sectores presentaron recursos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos objetando la repostulación, la última fue en diciembre, cuando Demócratas pidió saltar los pasos procesales y que el organismo atienda la demanda antes de las elecciones de octubre de 2019. Está pendiente.

También en septiembre (ya se sabía que el fallo de la CIJ iba a ser el 1 de octubre) en el suplemento se enfatizó en cómo en el derecho internacional había jurisprudencia sobre los actos unilaterales, una de las bases de la demanda marítima en La Haya. El mismo 30 de septiembre, la víspera de la dictación del fallo, Animal Político abría con que había razones para el optimismo en la CIJ. Y, como se mostró, no era puro entusiasmo: solo se revisó lo que la CIJ ya dijo el 24 de septiembre de 2015 en su fallo preliminar sobre la objeción chilena, cuando se reconocía que al margen del Tratado de 1904 hay una cuestión pendiente entre Bolivia y Chile respecto al acceso soberano del país al océano Pacífico. Como se sabe, el fallo resultó en todo lo contrario: Bolivia no mostró que Chile  tenga obligación de negociar.

Este suplemento también exploró en las razones de la disidencia de los tres jueces que votaron en contra de la sentencia: “Patrick Robinson, Nawaf Salam e Yves Daudet, los jueces disidentes: La CIJ en su fallo aplica un análisis parcial”, se tituló.

Cuando en octubre, el embajador de Brasil, Raymundo Rocha, afirmó en este suplemento que acaso Bolivia y su país estén en el mejor momento de la relación, en noviembre, ya sabiendo que el ultraderechista Jair Bolsonaro iba a ser Presidente se apuntaba que acaso sea la hora de la prudencia con el gigante de la región.

Finalmente, en la edición del 23 de diciembre, Animal Político recuerda que Bolivia asume en los próximos días la presidencia pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno debería ser en enero.