Los jueces destituidos recibieron un memorando de “agradecimiento de funciones” en los que se les indicaba que debían dejar su cargo ese mismo día. Los memorandos no indican el motivo de su destitución ni se les ha dado a los jueces la oportunidad de impugnar sus destituciones antes de ser removidos, señala el referido informe.

“Para preservar la independencia del poder judicial, el derecho internacional solo permite destituir a un juez por causa debidamente justificada en casos graves de incompetencia o mala conducta, no como si se tratara de un funcionario público cualquiera”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “La OEA debería pronunciarse frente a esta arremetida contra el poder judicial boliviano”, dice parte del documento.

El presidente Evo Morales ha puesto en duda en reiteradas oportunidades que la independencia judicial sea un componente clave de la democracia. En octubre de 2018, por ejemplo, manifestó que la independencia judicial era una “doctrina norteamericana” (es decir, de Estados Unidos) y del “capitalismo”.

El informe señala que Human Rights Watch entrevistó a 8 jueces que fueron removidos de sus cargos, y a un abogado que representa a 20 jueces que presentaron sus casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras su destitución, esta organización también tuvo acceso a nueve memorandos de cesación que recibieron los jueces y a una resolución de 2017 del Consejo de la Magistratura por la cual se destituye a 88 jueces.

La resolución de 2017 indica que “es imperiosa la renovación de los recursos humanos en el órgano judicial” y que los jueces en actual ejercicio de funciones son “transitorios” y, por lo tanto, pueden ser destituidos de inmediato.

En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en septiembre de 2018, funcionarios bolivianos reconocieron que solo 163 de los 1.200 jueces del país (alrededor del 13%)  tenían cargos permanentes.

Uno de los memorandos de cesación a los que tuvo acceso Human Rights Watch fue enviado a un juez en febrero de 2019. El juez indicó a Human Rights Watch que fue nombrado en 2003 – primero como juez de familia y más adelante como juez civil —y que cuando fue designado su cargo era permanente. Pero luego las autoridades “se inventaron el cuento de que todos los cargos fueran transitorios”, manifestó. “Esa transitoriedad es una especie de chantaje. No te portas bien y mañana mismo tienes tu memorándum porque eres transitorio”. “Al momento de tomar una decisión, hay que pensar…a quién le va a hacer daño”, refiere el informe. (HRW – NY)