El MAS ha interferido de tal manera en el tribunal, eligiendo de entre sus simpatizantes a cinco de los seis vocales, que esta entidad, otrora tan apreciada por los bolivianos, está hecha añicos. 

Pero esos cinco vocales (María Eugenia Choque, Lucy Cruz, Lidia Iriarte, Idelfonso Mamani y Édgar González) no son sólo adherentes del oficialismo, sino personas incapaces de conducir la entidad. El único vocal institucionalista del órgano electoral, Antonio Costas, les envió una carta a sus colegas masistas para hacerles ver todo lo que falta para poder organizar los comicios de octubre próximo.

La carta, de ocho páginas, establece siete temas que no han sido atendidos por el TSE: 1) Despidos o renuncias del personal. 2) Falta de definición y tramitación del presupuesto electoral. 3) Problemas en la disponibilidad  de equipos para el empadronamiento en el país y en el exterior. 4) Falta de planificación para la distribución de esos equipos. 5) Aprobación de reglamentos e instructivos. 6) Ausencia de la oficina de relacionamiento con organizaciones políticas. 7) Ausencia de decisiones sobre los sistemas informáticos a ser utilizados en el proceso electoral.

De esos siete, dos parecen ser los temas que más preocupan a Costas, según su carta: uno es la ausencia de un presupuesto consolidado y aprobado que garantice la realización de todas las etapas del cronograma electoral.

Eso lo hace afirmar que la falta del presupuesto “tal vez representa el mayor riesgo para el proceso electoral, las diferentes tareas necesariamente requieren la contratación de personal electoral, como es el caso de la preparación de los equipos biométricos para el empadronamiento masivo”.

El otro asunto se refiere a los despidos y renuncias forzadas que afectan al órgano, que han provocado que existan 87 acefalías tanto en el tribunal como en las oficinas departamentales. Se sabe que quien han liderado los despidos y las renuncias forzadas es la vocal Lucy Cruz, en coordinación con el oficialismo. Personas tan respetables como Luis Pereira, director del Serecí, y de Roxana Ibarnegaray, directora del Serecí Santa Cruz, han sido echadas en las últimas semanas por la confabulación ideada por la vocal Cruz, la presidenta de facto del ente. La presidenta formal, María Eugenia Choque, tiene un poder casi nulo.

El más afectado por estos despidos es, precisamente, Costas, quien  supervisa los aspectos informáticos del ente electoral y de registro civil (Serecí). Más de una decena de sus colaboradores han sido removidos por la mayoría de vocales afines al oficialismo de la sala plena. Él no lo ha podido evitar de ninguna manera.

De la parte informática depende la transmisión de datos y otros aspectos cruciales para conocer el resultado de las elecciones. No se puede descartar que el hecho de que se haya despedido a tantas personas de esas áreas busque hacer fraude, si es que el candidato Evo Morales no logra ganar limpiamente los comicios.

Que el MAS haya dado fin a la institucionalidad del órgano electoral, de la que gozaba el país durante más de 25 años, no es una casualidad, es parte de su estrategia de eternización en el poder. Para un régimen autoritario que puede en cualquier momento desmerecer el voto popular, como ha ocurrido con el resultado del 21F, es crucial controlar el Órgano Judicial para que la candidatura ilegal de Morales sea permitida, y también el electoral.

Si Morales y su régimen estuvieran seguros de que pueden ganar los comicios limpiamente, no colocarían allí a personas afines y dispuestas a recibir órdenes, como ocurrió con toda evidencia cuando cuatro vocales aceptaron la candidatura inconstitucional del Presidente, en diciembre del año pasado: Choque, Mamani, Iriarte y Cruz. Costas y la exvocal Dunia Sandoval emitieron un voto disidente. La democracia, como se sabe, está en grave riesgo.