Medio: Opinión
Fecha de la publicación: martes 30 de abril de 2019
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Procesos contra autoridades electas
Dirección Web: Visitar Sitio Web
Lead
“!Déjenlas pasar, déjenlas pasar!”, gritaban vecinos de Tiquipaya, mientras las concejalas Consuelo Gómez e Irma Sejas trepaban el enrejado de ingreso a la Alcaldía. Un poblador, oculto entre la multitud, tomó un ladrillo y lo rompió con un golpe en el piso. Arrojó los restos del material y luego una “lluvia” de objetos fueron hacia el contingente policial que resguardaba la entrada a la Municipalidad. Los efectivos respondieron con agentes químicos y lograron dispersar a los manifestantes.
Contenido
Sin embargo, los comunarios resistieron la represión e iban avanzando hacia la Alcaldía mientras arrojaban piedras contra los uniformados.
Antes, el representante del Comité de Agua de Tiquipaya, Lucio Fuentes, informó que en el cabildo resolvieron exigir la renuncia del alcalde Juan Carlos Ángulo y del concejal Edwin Butrón debido a la falta de obras y por las denuncias de presunta corrupción al interior del municipio. Ambas autoridades son del Movimiento Al Socialismo (MAS). “Necesitamos una planta de tratamiento, la que tenemos tiene una capacidad para 300 personas, pero ya somos más de 15 mil. Hace 12 años estamos esperando está obra”.
Uno de los vecinos colgó dos botellas con un líquido verduzco en puertas de la Municipalidad e indicó que esa es la calidad del agua que consumen.
En tanto, Juan Carlos Espinoza, subcomandante de la Policía, intentó mediar en el conflicto y pretendía que una comisión de cuatro dirigentes dialoguen con el Alcalde. Sin embargo, la máxima autoridad no se encontraba en su despacho. Estaba en reuniones con pobladores, en diversas comunidades, según algunos funcionarios.
Esa situación enfureció a los comunarios, quienes realizaron una colecta para comprar ladrillos y bolsas de yeso para tapiar la Alcaldía. Un grupo, sin dificultad, logró cerrar el ingreso posterior al edificio (en cercanías al coliseo y mercado de Tiquipaya). Otra fracción pretendió cercar la entrada principal, pero fue imposible ante el resguardo de los efectivos.
Ante la negativa de la Policía, las concejalas insistieron para ingresar a la institución, pero fueron impedidas. Algunos pobladores reaccionaron con violencia mientras que otros les pedían calma. “!No hagas eso, no hagas eso!”, les decían. En tanto, caían ladrillos, la mezcla de yeso con agua y otros objetos sobre los uniformados y una nube blanca de gas lacrimógeno cubrió el frontis de la Alcaldía.
Los manifestantes corrieron hacia calles adyacentes en búsqueda de resguardo.
Fuentes manifestó que masificarán puntos de bloqueo y no descartan asumir otras medidas de presión hasta conseguir la renuncia de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) y un legislador.
La concejala Gómez, quien cumplió ocho días en huelga de hambre, repudió la represión policial y mostró, como prueba de ello, una lesión en su espalda.
También asumen esa medida los legisladores Margarita Siles y Roberto Gonzales, además de 13 pobladores.
El Alcalde rechazó las acusaciones respecto a presuntos hechos de corrupción y pidió pruebas. Atribuyó las movilizaciones a “mentiras” y “engaños”, en una entrevista en Red Uno.
4 Distritos
Los distritos 1, 2, 4 y 6 de Tiquipaya se movilizaron ayer exigiendo la renuncia del Alcalde y un concejal. Los manifestantes bloquearon la avenida Ecológica y calles céntricas en demanda de obras y esclarecer presuntos hechos de corrupción.
Datos
Una denuncia más
El asambleísta (Demócratas) Freddy Gonzales denunció presuntas irregularidades en la acreditación de derecho propietario de 47 hectáreas de terreno en Tiquipaya. Se trata de la urbanización Paraíso de las Flores.
Apuntó que Edwin S.T. aparece como dueño de dos fracciones de las tierras y una tercera parte es de una empresa constructora de la que el socio mayoritario es el anteriormente mencionado.
Se conoce que la disputa por esos predios inició en 2011. Luego la constructora planteó una denuncia contra algunos vecinos y autoridades municipales por avasallamiento.
Irregularidades
Gonzales indicó que existe una sobreposición de derecho propietario debido a que hay al menos dos familias más que se disputan cierta extensión de los terrenos. Asimismo, señaló que actualmente cursa una denuncia ante el Tribunal Agroambiental para anular el título ejecutorial otorgado a la constructora. “Si la sentencia fuera favorable al demandante, se anularía los títulos y el predio volvería a manos del Estado, pero los lotes ya están siendo vendidos”.
El Colectivo Socio Ambiental de Cochabamba (Cosac) realizará seguimiento al caso.
POBLADORES DEL VECINO MUNICIPIO SON GASIFICADOS TRAS ATACAR A POLICÍAS. BENJAMÍN JAMES
