“Por violencia familiar doméstica, que ha sido reiterada, y respondiendo a las pruebas, se tomó la decisión de imputarlo y así se puso en conocimiento del juez”, informó el fiscal Edgar Aramayo.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que la Fiscalía Departamental de Chuquisaca “imputó” a Ceballos por el delito de “violencia doméstica”.

Asimismo, dijo que ha solicitado “medidas sustitutivas de detención domiciliaria sin derecho al trabajo”, con relación a las indagaciones que realiza el Ministerio Público por el caso de violencia familiar que ejerció el magistrado del TCP.

Ceballos es investigado por violencia familiar luego de que su esposa, Carmela Wilma Torrez, lo denunciara el 10 de marzo pasado por agresión física, psicológica y verbal.

En esa oportunidad sostuvo que la autoridad la amenazó, la insultó y le propinó una patada. El informe del Instituto de Investigaciones Forenses estableció siete días de impedimento.

Una vez que el caso se hizo público, el magistrado y su esposa dieron una conferencia de prensa en la que aseguraron que se había tratado de un incidente familiar. Sin embargo, nunca se negó la agresión y la pareja solicitó la extinción de la causa al haber llegado a una conciliación, medida permitida por las leyes en una sola oportunidad cuando la persona denunciada es acusada por primera vez.

Sin embargo, la Fiscalía y un juez rechazaron el desistimiento y las acciones para frenar el proceso penal.

Lanchipa acotó que Ceballos y la víctima no están conviviendo actualmente en el mismo domicilio, por protección a la víctima.

Aramayo, en tanto, explicó que existen indicios de que Ceballos incurrió en violencia intrafamiliar de forma reiterada en contra de su pareja.

La esposa retiró la denuncia y pidió extinguir el caso, pero un juez consideró que éste debía proseguir.

EL SUPLENTE MÁS VOTADO ESPERA

El caso provocó indignación en el oficialismo y oposición a nivel nacional. La Defensoría del Pueblo y 60 entidades civiles y de derechos humanos repudiaron el hecho.

Ante la presión, el magistrado informó en marzo pasado su alejamiento del TCP, pero sólo se trató de una licencia de 10 días, repetida después por otros 10 días más.

De ser destituido debería asumir el suplente más votado, el abogado Paul Franco, que por ahora cumple funciones de asistente en el Tribunal Supremo de Justicia. El TCP evitó pronunciarse.

CÁMARA DE DIPUTADOS HACE DE PARTE ACUSADORA

Paralelamente, al proceso penal, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Susana Rivero, interpuso la semana pasada una demanda para el juicio de responsabilidades en contra de Ceballos, por los delitos de incumplimiento de deberes e incumplimiento a la Constitución Política del Estado.

De acuerdo a Rivero, Ceballos no está en condiciones de administrar justicia constitucional porque es acusado de violencia intrafamiliar y esta actitud contradice su misión constitucional que es precautelar los derechos y el cumplimiento de las normas.