Asimismo, dijo que ha solicitado “medidas sustitutivas de detención domiciliaria sin derecho al trabajo”, en relación a las indagaciones que realiza el Ministerio Público por el caso de violencia familiar que ejerció el magistrado del TCP.

El pasado 11 de marzo, la esposa de Ceballos lo denunció por violencia física y psicológica, en esa oportunidad sostuvo que la autoridad la amenazó, la insultó y le propinó una patada. El informe del Instituto de Investigaciones Forenses estableció siete días de impedimento.

Posteriormente, la pareja apareció alegando que se trató de una discusión familiar, la mujer desistió del proceso, sin embargo, la fiscalía y un juez rechazaron el desistimiento y las acciones para frenar el proceso penal.

Lanchipa acotó que Ceballos y la víctima no están conviviendo en el mismo domicilio, como medida de protección a la víctima.

Paralelamente, al proceso penal, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Susana Rivero, interpuso una demanda para juicio de responsabilidades en contra de Ceballos, por los delitos de incumplimiento de deberes e incumplimiento a la Constitución Política del Estado.

De acuerdo a Rivero, Ceballos no está en condiciones de administrar justicia constitucional porque es acusado de violencia intrafamiliar y esta actitud contradice su misión constitucional que es precautelar los derechos y el cumplimiento de las normas.