El 19 de mayo de 2003, en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada validó un convenio suscrito entre los gobiernos de Estados Unidos y Bolivia que establecía que todo ciudadano norteamericano no podía ser juzgado por la Corte Penal Internacional, de la cual es parte Bolivia, si cometiera algún delito de lesa humanidad.

“Solo podía ser procesado por las leyes del país, esto es inmunidad e impunidad. Este convenio, bajo las características de que se había denominado como inmunidad para la ciudadanía norteamericana, fue rechazado por los partidos de oposición de aquellos tiempos", dijo Salvatierra en conferencia de prensa. 

Salvatierra mostró una solicitud supuestamente firmada por Mesa, en su calidad de Presidente, que fue enviada al entonces presidente del Congreso Nacional, Hormando Vaca Diez, en la que pide que se "considere la aprobación y ratificación del convenio entre Estados Unidos y Bolivia”.  

"En la solicitud establece que Estados Unidos, que el personal militar que hubiera cumplido funciones en Bolivia, no serán procesados, salvo el consentimiento expreso del gobierno de Estados Unidos, entregados ni trasladados por ningún medios a la Corte Penal Internacional para ningún proceso, supuestamente mientras hayan sido parte del ejercito militar de Estados Unidos.

Además se señala que las mencionadas personas no serán entregadas ni trasladadas por ningún medio a ninguna entidad y ningún tercer país ni expulsadas a un tercer estado" dijo Salvatierra.