Dijo que la Organización de los Estados Americanos (OEA) debería convocar a una reunión de su Consejo Permanente para discutir la reforma judicial en Bolivia, que está “debilitando” el estado de derecho en el país.

“El Consejo de la Magistratura de Bolivia ha destituido arbitrariamente a decenas de jueces; los casos más recientes ocurrieron en marzo de este año”, se lee en el comunicado de HRW.

Los jueces destituidos, agrega, recibieron un memorando de “agradecimiento de funciones” en los que se les indicaba que debían dejar su cargo ese mismo día. Los memorandos no indican el motivo de su destitución ni se les ha dado a los jueces la oportunidad de impugnar sus destituciones antes de ser removidos, señala.

“Para preservar la independencia del poder judicial, el derecho internacional sólo permite destituir a un juez por causa debidamente justificada en casos graves de incompetencia o mala conducta, no como si se tratara de un funcionario público cualquiera”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “La OEA debería pronunciarse frente a esta arremetida contra el poder judicial boliviano”, pidió.

HRW recordó que el presidente Evo Morales puso en duda en reiteradas oportunidades que la independencia judicial sea un componente clave de la democracia. En octubre de 2018, por ejemplo, Morales manifestó que la independencia judicial era una “doctrina norteamericana” (es decir, de Estados Unidos) y del “capitalismo”.

Human Rights Watch entrevistó a 8 jueces que fueron removidos de sus cargos, y a un abogado que representa a 20 jueces que presentaron sus casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras su destitución. HRW también tuvo acceso a nueve memorandos de cesación que recibieron los jueces y a una resolución de 2017 del Consejo de la Magistratura por la cual se destituye a 88 jueces. Todos los memorandos le “agradecían” a los jueces por sus servicios y no indican el motivo de la destitución. La resolución de 2017 indica que “es imperiosa la renovación de los recursos humanos en el órgano judicial” y que los jueces en actual ejercicio de funciones son “transitorios” y, por lo tanto, pueden ser destituidos de inmediato.

Una ley de 2010 dispuso que los jueces designados antes de la Constitución de 2009 se consideraran “transitorios” de manera retroactiva, incluso si tenían cargos permanentes y eran jueces de carrera, recuerda la organización.

Asimismo, una ley de 2011 habilitó al Consejo de la Magistratura a designar jueces de manera “provisional” hasta tanto se estableciera una escuela para la formación de aspirantes a jueces. 

En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en septiembre de 2018, funcionarios bolivianos reconocieron que solo 163 de los 1.200 jueces del país —alrededor del 13%— tenían cargos permanentes.

Uno de los memorandos de cesación a los que tuvo acceso Human Rights Watch fue enviado a un juez en febrero de 2019. El juez indicó a HRW que fue nombrado en 2003 – primero como juez de familia y más adelante como juez civil —y que cuando fue designado su cargo era permanente. Pero luego las autoridades “se inventaron el cuento de que todos los cargos fueran transitorios”, manifestó. 

“Esa transitoriedad es una especie de chantaje. No te portas bien y mañana mismo tienes tu memorándum porque eres transitorio”, dijo. “Al momento de tomar una decisión, hay que pensar…a quién le va a hacer daño”, agregó el exjuez.

El Consejo de la Magistratura es una parte del órgano judicial, está compuesto por tres miembros y tiene la facultad de designar y destituir jueces. Sin embargo, en la práctica, no tiene ninguna garantía de independencia. Dos de los actuales miembros son exfuncionarios del gobierno del presidente Morales, incluido el presidente del consejo, Gonzalo Alcón Aliaga, quien fue Comandante General de la Armada entre diciembre de 2013 y diciembre de 2014. El tercer miembro no ha trabajado para el gobierno de Morales, pero ha sido asesor externo de varios municipios gobernados por alcaldes del partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS).

Los miembros actuales del consejo fueron electos por voto popular en diciembre de 2017. Los votantes eligieron de una lista creada por la Asamblea Plurinacional, la legislatura boliviana, donde el gobierno de Morales tiene una mayoría de dos tercios. La lista estaba compuesta por 10 candidatos, 6 de los cuales habían trabajado para el gobierno de Morales. Si bien la resolución que reglamentaba el proceso indicaba que la Asamblea debía seleccionar a los candidatos en función de su experiencia como abogados, los legisladores tuvieron una discrecionalidad importante para clasificar a los candidatos sobre la base de entrevistas.

Las destituciones son parte de una reforma a la justicia iniciada en 2016. La reforma es liderada por una comisión de nueve miembros, llamada “Comisión de seguimiento a las conclusiones de la cumbre de justicia”, que tiene amplias facultades, que incluyen “fiscalizar” la designación de nuevos jueces y tomar “acciones que sean necesarias” para reformar el poder judicial. Cinco de los nueve miembros de la comisión son partidarios de Morales en la Asamblea o funcionarios gubernamentales que él designó.

 La Carta Democrática de la OEA dispone que la “separación e independencia de los poderes públicos” son “elementos esenciales” de la “democracia representativa”. El documento reconoce que “la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región y que uno de los propósitos de la OEA es promover y consolidar la democracia representativa”. El Consejo Permanente de la OEA, compuesto por los embajadores de los estados miembros, puede convocar a sesiones extraordinarias a solicitud de la presidencia rotatoria del consejo (actualmente, Estados Unidos), del secretario general de la organización o del representante de cualquier estado parte.

Bolivia es estado parte de varios tratados de derechos humanos, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que le exigen que proteja y respete la independencia y la imparcialidad de su poder judicial. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, que supervisa el cumplimiento del PIDCP, ha señalado que el derecho a un poder judicial independiente e imparcial es un derecho absoluto que no puede ser objeto de excepción alguna.

El comité afirmó que “el requisito de independencia se refiere, en particular, al procedimiento y las cualificaciones para el nombramiento de los jueces, y las garantías en relación con su seguridad en el cargo hasta la edad de jubilación obligatoria o la expiración de su mandato, en los casos en que exista”. El comité señaló explícitamente que “los jueces podrán ser destituidos únicamente por razones graves de mala conducta o incompetencia, de conformidad con procedimientos equitativos que garanticen la objetividad y la imparcialidad establecidos en la Constitución o en la ley”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los jueces que carecen de titularidad en el cargo deberían gozar de las mismas condiciones de destitución que aquellos que son titulares. Asimismo, observó que “la autoridad a cargo del proceso de destitución de un juez debe conducirse imparcialmente en el procedimiento establecido para el efecto y permitir el ejercicio del derecho de defensa”. La corte también ha manifestado que los estados deben asegurar que los “nombramientos provisionales” sean una “excepción y no la regla”.

“El Consejo de la Magistratura ha destituido a decenas de jueces de manera caprichosa mientras el presidente Morales se dedica a menospreciar la importancia de la independencia judicial. Ello debería convocar a los estados miembros de la OEA”, observó Vivanco. 

Remarcó que “si los bolivianos no tienen garantías de independencia judicial, todos sus derechos pueden ser amenazados”.