El informe de la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización revela que ambos fenómenos privatizadores causaron un daño económico de $us 21.000 millones durante 20 años del neoliberalismo.

Para muestra apenas un botón. Para promocionar la capitalización se gastaron 250 millones de dólares que fueron financiados por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). El plan se aplicó en tres componentes: 1) comunicación nacional, 2) comunicación internacional y 3) investigación de la opinión pública. Los gastos incluían los viajes que realizaban el entonces presidente de la República, Gonzalo Sánchez de Lozada, y su ministro de Capitalización, Alfonso Revollo, quienes se reunían con inversores para explicar los pormenores del hecho.

Asimismo, a nivel nacional se desarrolló una intensa campaña a través de los medios de comunicación para vender este fenómeno neoliberal, lo que logró la adhesión de importantes analistas o periodistas como Cayetano Llobet y Carlos de Mesa, quienes se deshicieron en elogios en la venta de empresas estatales. 

 Las firmas estratégicas capitalizadas fueron: Empresa Nacional de Energía (ENDE), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado (ENFE), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), además de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y la Empresa Metalúrgica Vinto. Nótese que la mayoría de las compañías que se expoliaron generaban excedentes económicos con dos destinos: potenciar el sector productivo y atender los requerimientos de la población.

El trabajo de la comisión legislativa se centró en los gobiernos neoliberales que administraron el país entre 1985-2005: Víctor Paz Estenssoro (1985-1989), Jaime Paz Zamora (1989-1993), Gonzalo Sánchez de Lozada (1992-1997), Hugo Banzer-Jorge Tuto Quiroga (1997-2002), Gonzalo Sánchez de Lozada (segundo mandato, 2002-2003) y Carlos de Mesa (por sucesión constitucional 2003-2005).

De esta manera, los gobiernos neoliberales desangraron al país y enriquecieron a las empresas transnacionales. También representó el enriquecimiento de toda una generación de políticos, además de sus cachorros, muchos de los cuales siguen en escena política y dispuestos a seguir vendiendo las empresas que tanto costó recuperar al pueblo boliviano. El Estado fue despojado de sus riquezas naturales y de los excedentes que producían las empresas públicas, que le permitieron financiar los gastos en infraestructura productiva, salud, educación, vivienda y otros. 

En el proceso de despojo de nuestras empresas se presentaron hechos anecdóticos —o que causan indignación—. Por ejemplo, en el gobierno de Jaime Paz Zamora se vendió un taller de cerámica de la Corporación de Desarrollo de Chuquisaca, en Sucre. Una consultora contratada por el Gobierno determinó el valor de la empresa en 500 dólares, luego se subastó en 6.000 dólares, pero la compañía que tasó la compañía cobró 28 mil dólares. 

En el gobierno de Hugo Banzer Suárez (1997-2001) se vendió la Empresa Metalúrgica de Vinto en 14 millones de dólares, pero la firma tenía en sus almacenes 500 toneladas métricas de concentrados (que en esa época se cotizaban en 1,2 millones de dólares), contaba con material fundido que alcanzaba a 10 millones de dólares, sin contar los gastos de readecuación ambiental que llegaban a 5 millones de dólares. ¡La empresa se regaló menos del valor que costaba!

Por esta razón, nunca más se debe aplicar en Bolivia un modelo económico que tuvo un efecto negativo enorme y que dejó a los bolivianos en la extrema pobreza y se desmanteló un aparato productivo que hubiera contribuido al desarrollo de la patria. Nunca más deben retornar los neoliberales porque jamás les importó el pueblo, menos el desarrollo de Bolivia.