En conferencia de prensa, la presidenta del TSE, María Eugenia Choque, aseveró que el TSE ha desarrollado su trabajo en base a una planeación que arrancó desde el pasado mes de enero, cuando se desarrollaron las elecciones primarias, por lo que, más allá de las renuncias de funcionarios y disensos encontrados en el camino, el trabajo sigue adelante según lo planificado.

“No tenemos ninguna crisis, trabajamos de manera colegiada. El TSE es un cuerpo colegiado conformado por todos los vocales que tenemos los mismos derechos y obligaciones y que tiene consensos y disensos. (…) La preparación para las elecciones de octubre tiene un antecedente que inicio el mes de enero”, aseveró Choque.

“Decir a los hermanos bolivianos, que viven en el país y en el exterior, garantizamos las elecciones de manera transparente y técnica”, agregó la Presidenta del TSE.

Respecto a las renuncias que hubo los últimos meses al interior del TSE, Choque señaló que todas éstas fueron por decisión personal y aceptada por la Sala Plena de la institución.

Aunque dejó en claro que ella se opuso a alguna de ellas.

Finalmente y respecto a la carta filtrada del vicepresidente del TSE, Antonio Costas, en la que advierte a los demás vocales de la institución respecto a la situación de crisis que vive el ente electoral y el riesgo que existe de que no pueda administrar correctamente el proceso electoral de octubre próximo, Choque señaló que la misma será analizada en Sala Plena y de manera interna.

Consultado al respecto, Costas señaló que la misiva fue ‘filtrada’ a la prensa y anunció que se iniciarán las investigaciones para dar con el responsable de haber hecho pública la misiva.

“La nota está en tratamiento interno y debe ser debatida en sala”, aseguró.

La extensa carta, obtenida por el medio Brújula Digital, establece siete aspectos en los que el TSE enfrenta problemas y debe asumir decisiones urgentes: 1) despidos o renuncias del personal del órgano electoral; 2) falta de definición y tramitación del presupuesto electoral; 3) problemas en la disponibilidad de equipos biométricos para el empadronamiento en el país y en el extranjero; 4) ajustes necesarios en la planificación para la distribución de los equipos para el operativo de registro; 5) aprobación de los reglamentos e instructivos concernientes al operativo electoral; 6) falta de la unidad de relacionamiento con organizaciones políticas; 7) ausencia de decisiones sobre los sistemas informáticos a ser utilizados en el proceso electoral.