El vicepresidente del órgano electoral, Antonio Costas, envió una carta a sus colegas de sala plena. En ella puntualiza no una, sino siete falencias en la entidad responsable de los comicios. El documento permite saber que 59 funcionarios salieron de la institución, de los que 14 fueron destituidos y 45 renunciaron, muchos de ellos expresando su desacuerdo con presiones y manejo del TSE. Además, cuestiona que no hay definiciones sobre el presupuesto requerido para las elecciones (a fines de mayo saldrá la convocatoria ¡y no hay recursos económicos determinados!). También apunta que no hay suficientes equipos biométricos para el empadronamiento dentro y fuera del país ni definiciones sobre los sistemas informáticos que van a ser utilizados; señala que no se hizo ajustes a la planificación para la entrega de los equipos; ni siquiera hay un reglamento para el operativo electoral ni existe una unidad responsable del relacionamiento con los partidos. ¡Menudas deficiencias!

A pesar de todo lo señalado, que debe ser de conocimiento de todos los vocales, la presidenta se ha empeñado en asegurar que todo avanza como debe. O está faltando a la verdad o no se ha dado cuenta de la gravedad del problema.

Llama la atención que los partidos de la oposición sean los que señalan falta de transparencia y que el oficialismo defienda que todo está bien. Esa ‘coincidencia’ da lugar al temor de que se esté gestando un fraude o, lo que es igual de grave, que los vocales estén guiando el vehículo sin saber conducir. Quienes tenían experiencia ya se fueron. Y no solo hablamos de los vocales que renunciaron, sino también de los 59 funcionarios que ya no están, cuyos cargos están en manos de interinatos.

Lo evidente es que falta transparencia institucional, mientras tanto, la mayoría de los vocales piensa que el silencio frente a la ciudadanía lo va a salvar de ser juzgado y de que se demande otra conducta.

Antonio Costas exige cambios de urgencia. No es tolerable que la desinformación impida hacer seguimiento y fiscalizar cómo se organizan o si pueden ser confiables las elecciones. Tampoco se sabe si los resultados van a ser acatados. Ya la fuerza del voto se tiró a la basura cuando el Tribunal Constitucional, primero, y el Tribunal Supremo Electoral, después, avalaron la ilegal candidatura a la tercera reelección de Evo Morales y de Álvaro García Linera.