Medio: El Potosí
Fecha de la publicación: miércoles 12 de diciembre de 2018
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Repostulación presidencial / 21F
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"La gran cumbre del movimiento ciudadano (se realizará) junto a otros sectores sociales y las organizaciones vivas, la hemos denominado 'cumbre en defensa de la democracia' (...) y estamos pensando que sea el día 21 de diciembre en Cochabamba", manifestó Cladera.
Resaltó que será esencial la participación de todos los sectores para plantear nuevas estrategias o "medidas de resistencia democrática y pacífica".
El 21 de febrero de 2016 se desarrolló un referendo nacional para tratar de modificar la CPE con el fin de habilitar al presidente Evo Morales a una nueva elección y la mayoría de los bolivianos se opuso a esa posibilidad; pero, el oficialismo, pese a ese resultado, logró que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) posibilite la repostulación indefinida del primer mandatario.
Este hecho provocó la articulación de una cadena de plataformas ciudadanas en todo el país, en defensa del voto del referendo del 21F, y Cladera afirmó que finalmente se consiguió la unidad de estos grupos.
"Hemos logrado la unidad del movimiento ciudadano del 21F y también hemos logrado consolidar una conducción unitaria porque de manera organizada vamos a emprender exitosamente la resistencia democrática", apuntó.
ADVERTENCIA
El 9 de diciembre, el dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Jacinto Herrera, advirtió con “cercar cualquier departamento” si los Comités Cívicos y las plataformas del 21F se movilizan para impedir la candidatura de Morales o anular la habilitación del binomio del MAS.
“Si en caso de que ellos (cívicos y activistas del 21F) se movilizaran para impedir que el binomio (del MAS) vaya como candidato en 2019 o pretenden anular la habilitación, nosotros defenderemos. Seguramente tratarán de salir a las calles, queriendo tomar las instituciones, pero ellos saben que nosotros defenderemos, y si nosotros nos proponemos cercaremos cualquier departamento, porque hay poder de convocatoria”, afirmó.
El máximo dirigente de la Csutcb respondió así a los comités cívicos de ocho regiones del país que determinaron ratificar la movilización indefinida en defensa del voto del 21F y decidieron dar un plazo de 72 horas hábiles al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para anular la habituación del binomio Evo Morales-Álvaro García.
Representaciones cívicas de La Paz, Oruro, Santa Cruz, Tarija, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca y Beni decidieron el viernes 7 en Cochabamba exigir a los vocales del TSE renunciar o inhabilitar la candidatura del oficialismo, pero además convocaron a los jefes de partidos políticos y candidatos presidenciales a una cumbre para definir la defensa de la democracia.
Democracia
Los dos candidatos con mejores posibilidades, según las encuestas, rumbo a los comicios de 2019, discreparon el lunes 10 sobre la situación en que se encuentra en Bolivia la democracia y los derechos civiles y políticos.
“Hoy la democracia está más fuerte que nunca, aunque la derecha trate de hacer creer lo contrario”, publicó en su cuenta en Twitter el presidente Evo Morales y candidato por el MAS.
Horas después Mesa, candidato a la Presidencia por Comunidad Ciudadana se refirió a la situación de los derechos políticos y civiles en el país y escribió: “hoy, los derechos políticos y civiles están en su peor momento. La decisión del pueblo no es respetada, la justicia está envilecida, la libertad de expresión, de asociación y de prensa están limitadas. Recuperar la vigencia de los DDHH es un imperativo".
Informe de Unitas
La Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas) junto a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia (Apdhb) presentaron el Informe 2018 sobre la situación de los derechos humanos en el país, donde hay una tendencia a menoscabar las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica.
Sobre la libertad de expresión, el Informe dice que este año, el Estado mantuvo una tendencia vulneratoria contra quienes indagan, critican o se oponen a la gestión gubernamental.