El caso de Santa Cruz es emblemático del proceso: si en 2008 la sociedad se hallaba movilizada en torno a su derecho a gozar de un Estado más redistributivo y en el que el poder y los recursos estuvieran repartidos en los niveles departamental y local, y parecía que no había otro asunto de mayor urgencia en la vida política del país, le ha tomado a su gobierno departamental casi 10 años adecuar el estatuto aprobado en un referéndum (calificado de ilegal) al marco constitucional vigente. En el camino, la urgencia y el empuje de entonces han disminuido y a muy pocos parece interesar una verdadera implementación de este modelo de Estado.

Desde el Gobierno, que a tiempo reconoció como un factor de acuerdo en la Asamblea Constituyente la adopción de un modelo autonómico, tampoco se dan muestras de mayor urgencia por asegurar la transferencia efectiva de competencias exclusivas a los respectivos niveles gubernativos o una mejor coordinación en aquellas que son concurrentes.

En efecto, la capacidad institucional y financiera del Gobierno nacional lo hace apto para solventar numerosas obras de desarrollo, pero sobre todo de infraestructura, que deberían ser tarea de los niveles meso y local, hoy limitados en su presupuesto, con el consiguiente efecto de asociar la imagen del Presidente con obras de toda envergadura, lo cual tiene como resultado, por una parte,  que las demandas y los elogios, pero también las críticas, sean dirigidas a su investidura; por la otra, que se refuerza la convicción centralista de gran parte del pueblo boliviano.

Asimismo, la imposibilidad de arribar, hasta ahora, a un consenso sobre el pacto fiscal, que por momentos parece un nudo gordiano, frena drásticamente cualquier arresto autonómico de los actores del proceso. Si no hay claridad, pero sobre todo acuerdo, en el modo en que la gestión de los tres niveles gubernativos será financiada, difícil es que la autonomía se materialice pronto.

En el camino, las preocupaciones de la sociedad civil se han transformado al ritmo del debate político de coyuntura, y ahora la potencia de las movilizaciones está orientada a asuntos del corto plazo, como tratar de impedir una candidatura al mismo tiempo que no se reclama por plataformas para que emerjan alternativas, en lugar de seguir demandando que el Estado salga del centro de la sede de gobierno y llegue hasta el último rincón del país. Toca, pues, revisar la vocación autonómica del Estado y darle un nuevo impulso, porque es una apuesta a largo plazo.