Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: jueves 25 de abril de 2019
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Ejecutivo
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Entre los contratos directos obtenidos por la empresa mexicana Neurona está uno, por 257.000 bolivianos, destinado a una estrategia “para garantizar el ejercicio al derecho a la comunicación e información de la población”. Este nombre rimbombante podría simplificarse en “diseñar una estrategia de comunicación”. Otro contrato con esa empresa, por 758.946 bolivianos, tenía como objetivo mejorar la presencia del oficialismo en las redes sociales.
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Lo curioso es que otra empresa mexicana, Espora, fue también contratada directamente por el Ministerio de Comunicación para realizar precisamente una estrategia de comunicación y otra para redes sociales (en ese caso, a nivel internacional).
Para estos últimos, el Estado erogó 549.840 bolivianos. Es decir que la exministra Gisela López hizo onerosas contrataciones directas para fines similares y siempre con empresas mexicanas. Esta podría ser considerada como una irregularidad. Si es que el ministerio necesitaba otra estrategia de comunicación y redes, querría decir que la primera no era adecuada. Por lo tanto, no debió pagarse.
Al final, entre las dos empresas, para esos dos objetivos, el Estado gastó 1,5 millones de bolivianos. Neurona en total, para otros contratos, recibió 12,4 millones de bolivianos.
En defensa de López se puede decir que su tendencia de firmar contratos directos millonarios es una constante que viene desde la cabeza del Poder Ejecutivo. Es Evo Morales el que ha instaurado en el país este modelo de contratación, que dio fin a las antiguas licitaciones, propias del período democrático anterior a 2006.
Monstruosos contratos estatales ordenados por el gobierno de manera directa incluyen casi 1.000 millones de dólares para construir líneas de teleférico y una suma similar para la construcción de la fallida planta de úrea de Bulo Bulo.
Desde ese punto de vista, la exministra simplemente fue parte de esa espiral de gastos excesivos e innecesarios, que es propio de todos los ministerios del país, siendo quizás el peor de ellos el de la Presidencia, que tiene a cargo el programa Evo cumple, que no es supervisado por la Contraloría ni ninguna entidad estatal.
También es evidente otra tendencia, muy clara en el régimen, que habla de acabar con el colonialismo: la mayoría de las empresas contratadas son extranjeras. Lo que Espora y Neurona hicieron pudo haberse hecho, perfectamente, por profesionales bolivianos. Y quizás mejor.
Por ejemplo, tras gastar más de un millón de bolivianos en posicionamiento en redes sociales, el gobierno sigue perdiendo la batalla en ese campo.
