Medio: La Patria
Fecha de la publicación: miércoles 24 de abril de 2019
Categoría: Legislación electoral
Subcategoría: Leyes nacionales y decretos reglamentarios
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No hace mucho, el TSE, hizo saber una decisión por la que se impondrá a los medios la instrucción de publicar "avisos gratuitos" para los partidos políticos, pero además avisos extras para cada partido, también de manera gratuita. Este asunto ha sido observado porque constituye un flagrante atentado al sector periodístico y vulnera derechos y el respeto a la libertad de expresión y la libertad de prensa…pero la medida persiste, no ha sido suspendida.
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Una serie de hechos que se producen con inusitada frecuencia, muestra una intencionalidad del oficialismo de "asfixiar" financieramente a los medios independientes con una restricción generalizada en la concesión de avisos gubernamentales, pero además con la obligación de publicar propaganda Estatal de promoción social en todos los medios sin costo alguno y ocupando espacios significativos, en el caso de la prensa escrita y de prolongado tiempo en materia de transmisiones de discursos y de actos que deben difundir radios y canales de TV.No hace mucho, el TSE, hizo saber una decisión por la que se impondrá a los medios la instrucción de publicar "avisos gratuitos" para los partidos políticos, pero además avisos extras para cada partido, también de manera gratuita. Este asunto ha sido observado porque constituye un flagrante atentado al sector periodístico y vulnera derechos y el respeto a la libertad de expresión y la libertad de prensa…pero la medida persiste, no ha sido suspendida.
Como si todo lo expuesto no fuera demasiado, desde la Asamblea Legislativa se aprueba la aplicación de un sistema informático de gestión de causas, contemplado en el "Proyecto de Abreviación Procesal Penal", que reemplazará a las comunicaciones judiciales que hasta ahora se publicaban como "edictos". Se trata de otra medida que restringe mucho más la economía de los medios impresos independientes.
Los medios de prensa independientes se sienten afectados directamente en su economía y denunciaron el hecho a instancias internacionales como la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), además a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), mostrando en detalle la secuencia de hechos que restringen la economía de los medios comprometiendo seriamente su estabilidad empresarial. La SIP solicitó al Gobierno nacional "cesar acciones" que afecten la economía de los medios.
Hay que recordar que la SIP, es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de expresión en las Américas y está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Estados Unidos. Esta entidad estuvo esperando respuesta del Gobierno nacional sobre las denuncias formales, que atribuyen una presión muy clara y presión tributaria sobre los medios impresos independientes. A propósito de la defensa que plantea la ANP, se observa que otras entidades ligadas a la actividad periodística institucional, sólo emitieron algunos comunicados expresando preocupación por el peligro que representa la asfixia económica a los medios, poniendo en riesgo muchas fuentes de empleo.
Finalmente como colofón a estos hechos, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) confirmó que Bolivia bajó tres puntos en el índice internacional de respeto a la Libertad de Prensa, ubicándose en el puesto 113, entre 180 países analizados, tres puntos más abajo que el pasado año que ocupó el lugar 110. Los dos mejores ubicados de la región son el Uruguay en el puesto19, Surinam en el 29 y Chile en el 46. Después de Bolivia están Colombia en el lugar 129 y Venezuela en el 148.
El informe de RSF, constituye un referente de responsabilidad profesional, cuando ubica a los países en los puestos pertinentes, en base al análisis de las acciones de sus gobiernos en respeto a la libre expresión y la libertad de Prensa. Según RSF, en Bolivia se controla la información y se presiona para acallar las voces críticas contra la administración del Estado. La preocupación por estos hechos conocen los organismos internacionales.
