La Cámara Alta estadounidense aprobó una resolución por la que le pide al Presidente respetar el resultado del referendo del 21 de febrero de 2016, cuando la propuesta de modificar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado —que impedía una nueva reelección de Morales— fue rechazada por un 51% de los votos.

La polémica por la carta enviada a Trump por 12 legisladores de la derecha opositora, en la que le piden “interceder” para evitar una posible reelección del presidente Evo Morales en las elecciones de octubre, continúa generando indignación en el ámbito político. Es tal el odio de la derecha al Presidente indígena que no le interesa acabar con la estabilidad del país con este tipo de solicitudes.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, afirmó que EEUU decidió limpiar “su patio trasero de gobiernos progresistas para dar paso nuevamente al dominio norteamericano mediante la presencia de las transnacionales de EEUU, acostumbradas a saquear nuestros recursos naturales con la complicidad de gobiernos neoliberales títeres”.

Los legisladores que pidieron en una carta la intervención de EEUU en los asuntos internos de Bolivia obedecen a los políticos opositores Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga. Estos personajes funestos son los que han vendido el país, son los que han hipotecado el país, aseguró Quintana.

Ya en 2006, Doria Medina, dirigente de Unidad Nacional, en contacto con la Embajada de EEUU, pedía lo mismo que los legisladores en su carta: desestabilizar a Bolivia, solicitar que se estrangule económicamente a Bolivia. Eso lo podemos demostrar, dijo Quintana, con los cables que enviaba el embajador Philip Goldberg al Departamento de Estado, en los que se le pedía que no se enfrentara directamente contra Evo Morales. “Es decir, golpee mucho más duro, pero no sea tan explícito como Gobierno de EEUU”.

Mientras, entre 2006 y 2007, Quiroga dijo al embajador de Washington que tenían que terminar con el gobierno de Evo Morales y retornar a la época neoliberal. El ministro señaló que estos dirigentes opositores no han dejado de sabotear, de extender la mano a la plata estadounidense para hacer política. “Cuantas más acciones políticas hacen contra el Proceso de Cambio cobran más, piden más plata”, indicó.

“La contraofensiva norteamericana dirigida a terminar con gobiernos no alineados a Washington está presidida por una élite, que como pocas veces se ha visto en la política norteamericana, se caracteriza por el ejercicio brutal del poder, por su conducta antiinmigrante, por sus antecedentes criminales misóginos, antipopulares y por su irrefutable actitud de odio enfermizo contra los pueblos rebeldes que se niegan a repetir el pasado servil de sus gobiernos”, señaló Quintana.

Cabe recordar que con guión de EEUU, el gobierno de facto brasileño armó una causa judicial contra el expresidente brasileño Lula da Silva, lo encarceló sin pruebas y le impidió participar en las elecciones que seguramente iba a ganar. Lo mismo intenta ahora el presidente argentino, Mauricio Macri, para evitar que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner pueda volver al poder, tras las elecciones de octubre.

Para el analista Iván Lima, la misiva suscrita por los legisladores de oposición pretende llevar al país a una situación de incertidumbre y de caos social, y generar una situación de convulsión que pueda habilitar la intervención de Washington. Mientras, el diputado opositor Amílcar Barral, uno de los firmantes de la carta a Trump, tildó de “ignorante y despistado” al viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, quien comparó a los 12 opositores que signaron la misiva con Judas, uno de los 12 apóstoles que, según la Biblia, traicionó a Jesucristo y lo entregó a los romanos.

Más que una agresión contra el gobierno de Evo Morales, es contra el pueblo boliviano, que hace 14 años decidió seguir otro destino distinto al dictado desde EEUU. Si bien Venezuela, Cuba y Nicaragua están en la primera línea de prioridad de ataque para la administración Trump, eso no significa que Bolivia se libre de recibir distintas formas de agresión de Estados Unidos, en una línea de histórica intromisión en los asuntos internos de los países de América Latina.

La resolución de los senadores estadounidenses, impulsada por dos demócratas y un republicano, todos ellos vinculados a los sectores anticubanos, acompaña ese pedido específico con consideraciones políticas basadas en ideales democráticos liberales universalmente incorporados en las plataformas de organizaciones de derecha y centro, pero borradas en el campo de las prácticas que, en definitiva, es donde se contrasta la teoría con la realidad y se construyen relaciones de fuerza.

En un editorial, el oficialista portal Cambio indicó que es evidente que los senadores de ese país desconocen la Constitución de Bolivia y la propia Convención Americana que, hace décadas, no la quisieron suscribir por tener contenidos que en los hechos cuestionan la vigencia de los derechos humanos en un país que se presenta como su mayor defensor, pero que como muestran las torturas en la base ilegal de Guantánamo y el pedido de extradición de Julian Assange, de democrático no tiene nada.

El exministro de Gobierno Hugo Moldiz se preguntaba la semana pasada si EEUU intervendrá en las elecciones de Bolivia, cuando la resolución plena del Senado se la veía venir luego de que el 17 de enero esos tres senadores presentaran el proyecto al Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de ese país. Lo demás era cumplir con el simple formalismo.

Cambio señaló que la respuesta no puede ser solo la indignación. La reacción de las organizaciones sociales, primero, y del Gobierno, después, debe ser volcar una poderosa movilización que haga temblar los cimientos de la embajada de ese país, como señal de que Bolivia no es aquella sumisa y de baja autoestima que las autoridades estadounidenses conocieron antes de la llegada de Evo Morales, junto a lo que él representa, al gobierno en ese histórico 22 de enero de 2006.