El lunes, personas del denominado grupo Zurda  asediaron   a la diputada Piérola, en puertas de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba. “¡Vendepatria!”, “¡vas a morir por eso!”, son algunas de las expresiones que  le  gritaron  a la legisladora. 

 Piérola relató que un funcionario de la brigada departamental la convocó para firmar unos documentos. “Apenas llegué, primero no se me dejó entrar (a la brigada); las personas que estaban ahí estaban quemando muñecos con mi cara”, contó.

 La legisladora sostiene que ese grupo es afín al oficialismo y manifiesta  que iniciará un proceso penal y que incluso recurrirá a instancias internacionales.  
 
Otros legisladores, como el  diputado Barral, de Unidad Demócrata sostuvieron  que fueron  amenazados. “Mi persona recibió varias amenazas por teléfono, en las redes sociales. Están empezando a actuar sobre la base de  las instrucciones que les ha dado el Gobierno”, expresó. 

Por su parte, la senadora Carmen Eva Gonzales, una de las principales impulsoras del envío de la carta a Trump, sostuvo: “Todos quienes hemos firmado la carta hemos sufrido hostigamiento, persecución, amenazas y amedrentamiento”.

La legisladora expresó  que integrantes de su familia también sufrieron amenazas. 

El 1 de abril,  10 diputados y  dos senadores  enviaron una misiva a Trump, en la que le solicitaron que intervenga ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en contra de la reelección del presidente Evo Morales.

Además de Piérola, Barral y Gonzales, la carta está firmada por los diputados Agustín Condori, Enrique Siles, Cira Castro, Susana Campos, Yeimi Peña, Rodrigo Valdivia, Isabel Villca,  Édgar Rendón y  María Eugenia Calcina.

El MAS cuestionó la carta y dirigentes de la Central Obrera Boliviana y de sectores afines al Gobierno  llamaron a los opositores “vendepatrias” y exigieron que se los expulse  del Legislativo. 

Barral comentó  que en el transcurso de la semana, los legisladores que firmaron la carta se reunirán para tratar el tema de las   agresiones y amenazas.  

Al respecto, Gonzales sostuvo: “Tenemos que identificar quiénes son los agresores y ponerles un alto. Hay que iniciar acciones penales contra estas personas”.

Ayer, la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra se solidarizó con Piérola. “Me he comprometido personalmente con ella a que, de comprobarse estas denuncias, tomaremos las mismas medidas que tomamos contra cualquier servidor público”, dijo.

El lunes, el ministro de Comunicación, Manuel Canelas, también se solidarizó con la diputada. “Rechazamos cualquier tipo de actitud”, manifestó.